El Gobierno de Pedro Sánchez llevará, salvo sorpresa, la ley balear de Residuos al Constitucional. La falta de acuerdo entre Madrid y el Govern por la prohibición de las bolsas de plástico a partir de 2021 aboca a una de las leyes estrellas del Pacto en materia ambiental a quedar en manos de los magistrados del alto tribunal.
Gobierno y Govern mantuvieron ayer una reunión bilateral para resolver el aviso de inconstitucionalidad a la ley balear de Residuos. Concretamente, las diferencias se centran en dos artículos: el artículo sobre el canon de residuos que deberían abonar los ayuntamientos que no alcancen los objetivos de reducción de basuras planteado por la ley, un impuesto incluido por PSIB, Podemos y Més entre las medidas de los llamados Acords de Bellver; y el veto a las bolsas de plástico.
Mientras la normativa estatal contempla que tanto las bolsas ligeras (las habituales bolsas para llevar la compra de un solo uso) como las muy ligeras (las que se utilizan, por ejemplo, para pesar la fruta o las verduras a granel) deben ser de plástico biodegradable, la ley balear de Residuos va un paso más allá y prohíbe en el caso de las ligeras (las de la compra) el uso de ningún plástico, tampoco biodegradable, obligando a que sean de papel o bien reutilizables.
Reunión sin éxito
Los representantes del Gobierno central argumentaron, por un lado, que los impuestos municipales son competencia exclusiva del Estado, lo que inhabilitaría al Govern para exigir el canon sobre los residuos; y, por otra, que las leyes autonómicas no pueden ser más restrictivas que la normativa del Gobierno central, en este caso sobre el uso de bolsas de plástico.
El Govern entiende que en el caso del canon “se trata de una medida sectorial y no fiscal” y, en el caso del veto a las bolsas, que impedir a las autonomías ser más restrictivos supone “una injerencia del Estado a la hora de legislar”.
Dos argumentos que daba ayer el director general de Residuos del Govern, Sebastià Sansó, explicando que el Ejecutivo autonómico ha solicitado a Madrid “reconsiderar su postura” y que a falta de un mes confía en que no se lleve al TC.
Sin embargo, sin más reuniones previstas y con noviembre como plazo, la falta de acuerdo aboca la ley de Residuos al Constitucional.
Cabe recordar que en apenas un año y medio el Gobierno de Pedro Sánchez ha enviado avisos de inconstitucionalidad contra una docena de leyes del Govern, entre ellas algunas de las leyes estrella en materia ambiental: la ley de Impacto Ambiental, la ley de Residuos y la ley de Cambio Climático.
Mientras la primera ya ha sido recurrida al Constitucional y la de Residuos parece cuestión de tiempo, la ley de Cambio Climático, que veta los coches diésel a partir de 2025 y los gasolina a partir de 2025, queda pendiente de la reunión bilateral con el Gobierno.
Otros avisos han quedado en nada tras alcanzarse acuerdos entre Govern y Madrid. La semana pasada se publicaba en el BOIB sobre la ley del Tercer Sector, hasta la fecha también bajo aviso.
