Desahucian a cuatro familias con menores de la antigua nave de Cemex en Palma: "Dormiremos en el camión con los niños"
Llegaron hace dos años al abandonado almacén de la cementera, que reconvirtieron en viviendas
Tras no haber recibido ninguna de las notificaciones de lanzamiento, el juez ha decretado este mediodía la orden para desalojar el recinto
El Ayuntamiento ofrece alojamiento provisional en albergues a las cuatro personas empadronadas y a sus hijos, mientras que el resto se queda sin solución
Redacción
Después de más de dos horas de nervios y negociaciones, cuatro familias han sido desahuciadas este mediodía de la nave abandonada de Cemex ubicada en el polígono de Son Malferit, en Palma. Habían reconvertido el interior del edifico en viviendas con agua, luz y aseos hasta que el juez ha decretado esta mañana la orden definitiva de desahucio. No recibieron ninguna de las notificaciones de lanzamiento por lo que no han tenido la oportunidad de declarar en un juicio para exponer su situación. Entre las familias, conformadas por unas 17 personas, convivían cuatro menores, dos personas mayores, una víctima de violencia de género y una mujer postrada en cama a la espera de una operación de tobillo.
Se trata de personas que llegaron a Mallorca en 2022 tras verse obligadas a abandonar su residencia en Cáceres debido a un conflicto familiar que derivó en su destierro. Esta mañana, cinco furgones policiales de la Policía Local y Nacional han rodeado el solar de la antigua cementera y, acompañados de la comitiva judicial y de la procuradora del propietario del inmueble -la inmobiliaria Oliver Mateu- han comunicado a primera hora del mediodía que el juez había confirmado la orden para ejecutar el desahucio.
Con la ayuda de Joan Segura, portavoz de Stop Desahucios Mallorca, y de Lucía Muñoz, regidora de Podemos en Cort, han logrado retrasar el lanzamiento unas horas. "El juez ha tenido un critero muy estricto y no ha tenido en cuenta la vulnerabilidad de estas personas", ha expresado Segura. La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, quien en un principio iba acudir para mediar tras la negativa de las familias de abandonar el edificio, finalmente no ha acudido a la antigua cementera, al igual que los repersentantes del IMAS, de quienes dependen las competencias en relación a los menores.
Tan solo cuatro personas habían logrado empadronarse en Palma tras huir de la Península, por lo que los servicios sociales del Ayuntamiento les han informado de que solo podrían ofrecer alojamiento provisional (durante 15 días) a los que contaban con esta documentación. El resto se ha quedado en la calle. "Nosotros ahora cogeremos las cosas y nos iremos a dormir al camión con los niños, no tenemos otra cosa".
Trabajan de temporada, algunos vendiendo chatarra y otros vendiendo fruta en las playas de la isla, y lamentan tener que abandonar las viviendas a pocos días de arrancar la época de más trabajo. "No podemos pagar un alquiler porque nos piden papeles y contratos. Está muy caro y nosotros hacemos lo que podemos. Si nos dejasen pagar aquí pagaríamos, o donde fuese, pero no nos lo han ofrecido", relataba uno de los padres de familia. "Con que pudiesemos estar aquí hasta septiembre o octubre nos bastaba. Después volvemos a algún lugar de la Península donde podamos pagar o tengamos las cosas más sencillas", añadía.
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