Incendio en la residencia Fontsana de Palma: El Ayuntamiento legalizó la construcción del centro de mayores en contra de sus ordenanzas

La residencia Fontsana de Palma, el centro de personas mayores ubicado en el número 4 de la calle Joan Miró que la noche del martes sufrió un incendio que obligó a desalojar a todos los residentes, obtuvo la licencia de construcción del Ayuntamiento de Palma en el año 2000, tres años antes de su inaguración. Y lo hizo pese a que la consideración de solar edificable de su ubicación, una parcela interior encajonada detrás del supermercado Mercadona y con solo una servidumbre de paso de conexión con la calle Joan Miró, contravenía las propias ordenanzas municipales y también la Ley del Suelo nacional.

Según las ordenanzas municipales (artículo 45.2), "tendrán la consideración de solar, requisito indispensable para obtener licencia de edificación, aquellas superficies de suelo urbano cuyo frente o frentes de fachada linden con un vial o con espacios libres públicos". Y el terreno que obtuvo licencia para levantar la residencia de personas mayores solo lindaba con una servidumbre de paso, es decir, con una propiedad privada que nunca puede tener consideración de víal público.

Un voraz incendio obliga a desalojar la residencia de mayores Fontsana de Palma

Ese fue el principal argumento jurídico del contencioso que un grupo variado de vecinos de Palma residentes en el barrio de Son Armadans, asesorados por arquitectos y urbanistas, interpuso contra el Ayuntamiento de Palma por legalizar el proyecto y dar vía libre a un inmueble cuyas primeras excavaciones también habían arrancado sin licencia.

El jefe de bomberos que firmó el informe con prescripciones se había manifestado antes en contra ante los vecinos de Son Armands

Pero había también otro argumento, como recuerda ahora la presidenta de la Asociación de Vecinos de Son Armadans, Catalina Llompart: "Nos opusimos a aquel proyecto porque desde el punto de vista de la seguridad nos parecía una temeridad ubicar una residencia de ancianos al fondo de un callejón sin salida, cuya uso se comparte con el aparcamiento de un supermercado, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de movilidad de las personas mayores residentes", sostiene.

Un voraz incendio obliga a desalojar la residencia de mayores Fontsana de Palma

Los vecinos que presentaron el contencioso a Cort perdieron en primera instancia, al considerar el juez que una servidumbre de paso es equiparable a un vial público, argumento que según los vecinos manifiestan ahora no se hubiera podido mantener de haber recurrido la sentencia al Tribunal Supremo, principalmente por la abundante jurisprudencia existente.

Y del mismo modo los problemas de seguridad que argumentaba la Asociación de Vecinos de Son Armadans tampoco fue tenida en cuenta por Ayuntamiento de Palma, que consiguió dos informes técnicos favorables para sostener la legalización. El primero firmado por el asesor jurídico de la Gerencia de Urbanismo, José Grimalt. Y el segundo del jefe de bomberos, Guillermo García Pol, que condicionó su visto bueno a la resolución de unas deficiencias, cuando había expresado una opinión contraria ante los vecinos de Son Armadans. "Hablé con ellos y les aclaré que si lo que me decian eran cierto, no era posible conceder una licencia. Pero sus datos no coincidían con los que recibí", justificó a este diario en marzo de 2000.

José María Rodríguez intentó aplacar a los vecinos que denunciaron la ilegalidad del proyecto: "Este no es un problema de lindes, sino de linderos", les dijo

El alcalde del momento era Joan Fageda, del PP, y su teniente de alcalde de Coordinación de Infraestructuras, José María Rodríguez, que se reunió con los vecinos que después presentaron la demanda en los tribunales para intentar aplacar sus ánimos y los dejó estupefactos al afirmar: "Este no es un problema de lindes sino de linderos" (de personas que se explican con demasiada profusión), recuerdan todavía que les dijo.

Los problemas de seguridad, según estos mismos vecinos, tenían que ver con el estrecho acceso a la residencia de ancianos, que debía prever el acceso y salida de camiones cisterna de bomberos y otros vehículos de emergencia en el caso de que fuera necesario, en una estrecha vía de acceso que se comparte con la entrada al aparcamiento del supermercado. De hecho, la noche del martes, los ancianos desalojados por el incendio tuvieron que ser atendidos en el aparcamiento del supermercado, que afortudamente se encontraba en horario comercial, porque no había más espacio libre.

El gerente de urbanismo de la época, Carlos Rullán, reconoció en marzo de 2000 a este diario que era "primo tercero" del alto ejecutivo Luis Rullán, exdirector general de Port Aventura y uno de los impulsores del proyecto en aquel momento.

Según comentan los vecinos de Son Armadans que tomaron partido en contra de la construcción de las residencia de ancianos, el conflicto urbanístico que se generó en el año 2000, tenía como antecedente otro error urbanístico del Ayuntamiento de Palma anterior. Según explican, las religiosas Adoratrices tenían desde la priméra década del siglo XX un edificio en la calle Joan Miró, que todavía se puede ver en algunas postales de la época, donde hoy está el supermercado Mercadona de la zona. Cuando vendieron el solar a la cadena de distribución, el Ayuntamiento de Palma cometió la equivocación de permitir que detrás del nuevo edificio quedara una parcela aislada sin conexión alguna en ninguna de las partes de su fachada con la calle y con solo una servidumbre de paso en un costado, lo que impedía, según la ley, que ese terreno pudiera convertirse en edificable en el futuro.

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