El Govern, sobre el pago de 96 millones por Muleta: «Compromete nuestras cuentas»
La presidenta Prohens arremete contra la gestión territorial de gobiernos de izquierda
En el año 2016, Matthias Kühn visitó en helicóptero los terrenos de Muleta. | J.M. / i.moure/j.sánchez. palma
La presidenta del Govern, Marga Prohens, reconoció ayer que la indemnización de 96 millones de euros que deberán pagar al empresario Matthias Kühn por la protección urbanística de Muleta, en el Port de Sóller, «compromete las cuentas de cualquier administración pública», al tiempo que aseguró que el Ejecutivo estudia cómo abonarla sin que se vean afectadas futuras inversiones ni infraestructuras.
Prohens se mostró especialmente crítica con el anterior gobierno progresista, al que señaló como responsable directo de la indemnización: «Esto demuestra la falta de diligencia de la izquierda a la hora de gestionar dinero público».
Mientras, el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, advirtió de que la sentencia del Tribunal Supremo que obliga al Ejecutivo autonómico a indemnizar con 96 millones a Kühn por la protección de Muleta hará un «agujero enorme» en las arcas de la Comunidad.
Antoni Costa
En declaraciones al informativo matinal de IB3 Ràdio, Costa dijo que no sabe si los servicios jurídicos del Govern acabarán aconsejando la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Constitucional, ya que aún no hay una decisión de la Abogacía al respecto, pero sí que afirmó que, si finalmente «se tiene que pagar, la Comunidad pagará, evidentemente». El Supremo fija un plazo de dos meses para abonar esta cantidad.
El vicepresidente Costa tuvo palabras muy duras para los gobiernos del pacto progresista que protegieron estos terrenos, a través de la Ley 4/2008 de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Illes Balears. Según subrayó, cuando la izquierda aprobó esta normativa, que desclasificaba varias propiedades, ya se avisó a los entonces dirigentes de que «iba a haber indemnizaciones millonarias porque se desclasificaban suelos que ya estaban urbanizados».
«No hubo manera de que lo entendieran», lamentó Costa, quien señaló que aprobar una ley a sabiendas de que va a acarrear indemnizaciones no es delito, aunque sí supone una forma de malversación de dinero público.
«Hablamos de cuantías que hacen un agujero enorme a las arcas de la Comunidad Autónoma», reiteró el conseller de Economía, quien señaló que el Govern lleva acumulados «400 millones de euros pagados derivados de sentencias urbanísticas de la Ley 4/2008». «Es el precio que tenemos que pagar como consecuencia de esta irresponsabilidad», aseveró. Respecto a cómo se pagará esta cantidad millonaria, Costa aseguró que aún se están estudiando los posibles mecanismos.
Crédito extraordinario
Indicó que lo más probable es que se tenga que recurrir a una ley de crédito extraordinario en el Parlament, un mecanismo que, recordó, ya emplearon anteriores gobiernos progresistas en pasadas legislaturas. «No tenemos ninguna partida tan elevada en el presupuesto actual para hacer frente a esto. No estaba previsto», manifestó.
En todo caso, el vicepresidente del Ejecutivo autonómico quiso recalcar que no se recortará ninguna partida económica que sea esencial para la ciudadanía de Balears.
«Es una compensación moral y económica por estos años»
El empresario alemán Matthias Kühn se encuentra «muy contento» tras la sentencia, al considerar que supone una «compensación moral y económica», no sólo para él sino también para su familia, por todos estos años de litigios, que complicaron la situación económica de sus sociedades. Así lo expusieron ayer sus abogados Jorge Sainz de Baranda y Miquel Ramis de Ayreflor, que destacaron que ha finalizado de «forma justa» un procedimiento que se remonta a 2008. En este tiempo, expusieron, la viabilidad de las empresas de Kühn se vio comprometida por la imposibilidad de desarrollar unos terrenos, los de Muleta, que él había adquirido con la calificación de urbanos. «De repente, se encontró con que no podía desarrollarlos, porque los desclasificaron. Era una situación kafkiana», apuntaron sus abogados. Recordaron que en este sentido que la empresa con que adquirió Muleta se vio obligada a entrar en concurso de acreedores y a ir liquidando deudas, que, apuntan, a día de hoy no son muy grandes.
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