Más ‘sin techo’ que vecinos en Valldemossa

Personas sin hogar que viven en la Vía de Cintura de Palma

Personas sin hogar que viven en la Vía de Cintura de Palma / Manu Mielniezuk

Editorial

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Sólo en la Bahía de Palma, las unidades móviles de emergencia social gestionadas por la Cruz Roja atendieron el pasado año a dos mil ‘sin techo’, una población similar al número de vecinos de Valldemossa. La equivalencia nos permite tomar conciencia de la dimensión de un problema creciente -ha aumentado un 33% en los últimos tres años-, que tiene colapsados los servicios de ayuda a personas sin hogar, pese al refuerzo llevado a cabo por el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). El perfil clásico que utilizaba estas redes de auxilio respondía a personas sin hogar, a las que circunstancias de la vida, rupturas encadenadas de lazos familiares, laborales y sociales, combinado en ocasiones con adicciones y enfermedades, les habían llevado a dormir en la intemperie, en bancos, en soportales, bajo puentes o en albergues. Ahora, la demanda ya no solo procede de la tradicional exclusión social, también la solicitan los excluidos residenciales, familias e individuos que en algunos casos disponen incluso de pensión, salario o ingresos en negro, pero que por su cuantía no les alcanza para sufragar los gastos básicos y pagar una vivienda, ni siquiera una habitación, dados los elevados precios del mercado inmobiliario y la falta de oferta asequible.

De hecho, Balears es el territorio donde más subió el precio de la vivienda en 2023, según datos de la Sociedad de Tasación, manteniéndose la tendencia alcista de los últimos años, que afecta tanto al alquiler como a la compraventa. Por su clima y calidad de vida, las islas son además la comunidad más atractiva para los extranjeros, que firmaron el 31,6% de las operaciones inmobiliarias, frente al 15,4% de la media nacional. En paralelo al lujo, proliferan asentamientos de ‘sinhogaristas’ en diversos puntos de la ciudad, que aprovechan desde las viejas instalaciones de la cárcel hasta edificios sin acabar. Algunos han encontrado acomodo en el aeropuerto o en Son Espases y otros han optado por vivir en caravanas o en el coche. En ocasiones, se han generado situaciones conflictivas con los vecinos, como en Son Busquets, con mafias que hacen negocio de la miseria.

Los hogares cuyo gasto en vivienda es excesivo sufren otras restricciones con consecuencias para el conjunto de la sociedad. Las familias se ven obligadas a recortar los gastos en alimentación, energía, ropa, material escolar, ocio..., perpetuando la transmisión intergeneracional de la pobreza. La falta de vivienda asequible dificulta la emancipación de los jóvenes y desincentiva la llegada de profesionales, mermándose el potencial de los servicios públicos. El decreto impulsado por el Govern el pasado octubre para paliar esta situación está teniendo, de momento, un efecto prácticamente nulo, según los promotores. La situación requiere intervenir con urgencia e inteligencia. De lo contrario, será uno de los grandes lastres del estado del bienestar.