Chiringuitos, hamacas y sombrillas este verano en Mallorca, todo en el aire

Los empresarios afrontan la nueva temporada turística con una incertidumbre total

Los propietarios denuncian que hacen falta efectivos para hacer frente a todas las autorizaciones pendientes, a pesar de que el Govern creó una conselleria del Mar para estas cuestiones.

Varios comensales, el año pasado en Can Gavella.

Varios comensales, el año pasado en Can Gavella. / Nele Bendgens

Guillem Porcel

Guillem Porcel

Los chiringuitos, hamacas y sombrillas de playa afrontan la nueva temporada turística con una incertidumbre total. El presidente de la Asociación de Empresarios de Concesiones y Explotaciones de Servicios Temporales en el Dominio Público Marítimo Terrestre de Mallorca (ADOPUMA), Onofre Fornés, denuncia que la Conselleria del Mar no tiene efectivos suficientes para hacer frente a todas las autorizaciones y concesiones que se tienen que dar, lo que está creando problemas por ejemplo con el deslinde de una parte de Muro, en el que se encuentran que el vigente todavía es del 1961 y no se ha conseguido que se apruebe uno nuevo adaptado a la Ley de Costas de 1988. «En Muro, nos quitaron 700 hamacas, se pidió autorización para recolocarlas y parece que han dicho que sí, pero son 400 hamacas menos», asegura Fornés. En Sóller también les retiraron 84 conjuntos y ahora mismo no tienen recolocación porque hace falta agilidad y seguridad».

Por este motivo, se reunirán el próximo 27 de febrero con el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, para explicarles la compleja situación que están viviendo: «Tenemos un problema grave y la hostelería se está quejando. Si la Conselleria no nos da una solución, tendremos problemas para dar un buen servicio y, sobre todo, una escena de dejadez. No se puede crear de un día para otro una Conselleria sin personal cualificado para poder desatascar cientos de expedientes y así poder dar las autorizaciones y estamos totalmente indefensos».

En este sentido, Fornés explica que en la reunión les trasladarán su malestar porque la temporada turística está a punto de comenzar y sigue habiendo muchas autorizaciones sin conceder: «Estamos en un limbo y sé que no podemos dar la culpa ni a Conselleria del Mar ni a Delegación de Gobierno, pero tenemos un problema grave porque los ayuntamientos no saben qué hacer y nuestros asociados no saben a qué tienen que atenerse».

Se muestra muy crítico con la manera que se ha hecho el traspaso de Costas porque considera que, a pesar de haberse anunciado por todo lo alto, «lo único que han hecho es crear más burocracia y problemas al haber desmantelado lo que era Demarcación de Costas y crear otro organismo que, desde el día 1 de julio de 2023, no tiene efectivos y no están saliendo las autorizaciones ni los trabajos como toca, pese a que la temporada no espera».

Detalla que les están haciendo prórrogas en Palma y en Sóller, así como la contratación en Alcúdia, aunque la situación es precaria porque no tienen las autorizaciones: «¿Qué hacemos con los restaurantes de Capellans, de Deià, y de Camp de Mar, por ejemplo? ¿Abren o no abren? Aún no lo saben y tienen que contratar a gente porque la temporada hotelera empieza en marzo con la Semana Santa. Los establecimientos están teniendo problemas para esta temporada turística, para hacer una planificación mínima, lógica y segura».

Sobre la decisión del Tribunal Supremo de tumbar la última modificación del Reglamento del 2022 de la Ley de Costas, confiesa que son «muy escépticos» de que vaya a quedar así porque el Estado tiene dos meses para resolver el problema y tramitar de nuevo el Reglamento, con una consulta previa, al tratarse de un fallo de forma: «Nos gustaría que no se hubiera modificado y tener el Reglamento del 2014, como estaba».

Fornés pone un ejemplo. En el BOIB del 10 de febrero de 2024, la Conselleria sometió a información pública, por plazo de 20 días hábiles, la solicitud del Ayuntamiento de Campos para las instalaciones de elementos de temporada durante las temporadas 2022-2025: «Esta ineficacia, esta duplicidad entre Administraciones, por ejemplo, el pago de un canon al estado y las tasas a la conselleria, más la falta de un procedimiento rápido, ágil y claro, es lo que debe reformarse».

El Govern reconoce el problema

Preguntado por esta cuestión, el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, asegura que están «sustancialmente mejor» que en el verano pasado porque se ha ido creando la estructura administrativa de la dirección general de Costas y Litoral con sus correspondientes funcionarios, aunque reconoce que están teniendo serias dificultades con algunos expedientes: «Aún tenemos necesidad de cubrir plazas porque lleva su tiempo y es complicado, se están desatascando todos los trámites burocráticos con los medios que tenemos, y las cuestiones urgentes y de temporada se están cubriendo bien». 

Relata que las concesiones y autorizaciones pedidas desde hace mucho tiempo y que no son urgentes llevan retraso: «Las cuestiones de temporada tenemos la previsión de que no haya problemas, mientras que las peticiones atrasadas que no son urgentes por cuestiones de temporada se van poniendo al día».

"Hay que empezar a plantear cómo retiramos infraestructuras de primera linea de costa"

La presidenta del GOB, Margalida Ramis, explica que el reglamento de 2022 servía para aclarar aspectos de la ley que no quedaban claros y que se aplicaban siempre con «las peores interpretaciones» desde el punto de vista de la conservación de la costa, como sucedía con cuestiones como las prórrogas de las concesiones o temas relacionados con las instalaciones teóricamente temporales y con elementos desmontables.

Defiende que la ley de costas «no es suficiente» pero podría serlo si se aplicara correctamente porque tendría una realidad del entorno litoral diferente a la actual, pero el hecho de que genere tantos intereses y tanta economía legal e ilegal en un espacio tan sensible, provoca que la ley actual no sea suficiente: «La crisis climática tendrá unos efectos muy importantes en todo el litoral y la costa, por lo que una de las cuestiones fundamentales es empezar a considerar y a plantear cómo retiramos infraestructuras de primera linea de costa».

Asimismo, asegura que el debate está «viciado» y reconoce que en este punto es donde empiezan los conflictos con las entidades ecologistas: «Nosotros no estamos en contra de una determinada actividad económica, pero si no tienes concesión o no la has tenido nunca por parte de Costas, como es el caso del Bungalow, lo que hacen es aplicarte la legalidad porque no puedes funcionar como si nada. Que siempre se ha hecho así no es un argumento válido. Como son concesiones de tantos años piensan que tienen unos derechos adquiridos porque lo han explotado económicamente toda la vida, pero en caso de que tengas una concesión tiene unos límites y cuando se termina el plazo, la actividad se acaba».