El PP quiere dar carpetazo a la investigación de la trama de Campos

El plena tramitación de la ley impulsada por el Partido Popular de Marga Prohens para clausurar de forma exprés la Oficina Anticorrupción, los populares van un paso mas allá y acaban de presentar modificaciones a su propia ley con el objetivo de dar carpetazo a las principales investigaciones del organismo, entre las que destaca la acusación al director general de Emergencias del actual Govern y socio del padre de la presidenta, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015, como concejal responsable de esta área. Los populares han presentado una enmienda concreta para añadir varios artículos a la ley que no estaban incluidos en la propuesta inicial. El objetivo es que se pueda declarar la caducidad de los casos que lleven más de seis meses abiertos —nueve en el caso de los que han sido prorrogados— para que puedan ser posteriormente archivados, sin necesidad de una revisión.

La modificación, que necesitará el voto favorable de Vox para salir adelante, establece que «se declara la caducidad de los procedimientos de investigación en curso que, a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, superen el plazo de seis meses de duración o de un máximo de nueve meses para aquellos procedimientos prorrogados, a contar desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones, procediéndose al archivo de estos expedientes».

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La concreción incluida entre comas es determinante porque recalca que los seis o nueve meses empiezan a contar desde el mismo momento en que la Oficina Anticorrupción inició la exploración del caso, a pesar de que el organismo, antes de abrir una investigación, siempre lleva a cabo requerimientos de información, como sucedió en el caso de Campos, que no cuentan formalmente en el proceso. Por este motivo, el nuevo artículo presentado por el PP concreta que empezará a contar «desde el acuerdo de iniciación de las actuaciones», lo que supone que la investigación que apunta al director de Emergencias abierta en un principio en 2020 quedaría totalmente caducada y, por ende, archivada.

En un principio, la proposición del PP establecía que los expedientes que se hallen pendientes de incoación, esto es en trámites para iniciar el procedimiento, se remitirán, a través de la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears ―dependiente de la conselleria de Presidencia—, a los órganos judiciales «a fin de que por estas se les dé la tramitación que legalmente proceda». De esta forma, con el archivo previo de las investigaciones, Inspección General ya no deberá estudiar el caso y enviarlo por ejemplo a Fiscalía si hay indicios de delito.

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Preguntado por esta cuestión, el diputado del PP y vicepresidente del Parlament, Mauricio Rovira, quien se ha encargado de la elaboración y presentación de las enmiendas, aclara que «se archivarían los caducados e irían a Inspección General los que estuvieran en trámite. En trámite significa que no haya superado los seis o nueve meses. Los que lo hayan superado se procedería al archivo».

Modificaciones de calado

El PP ha presentado hasta 39 enmiendas a su propio texto, algunas destinadas a corregir errores técnicos u ortográficos, aunque también incluyen otras modificaciones de mayor calado, como por ejemplo que la Sindicatura de Cuentas, los órganos judiciales o el Parlament «adoptarán las medidas necesarias para mantener el carácter reservado de toda la información, documentos y actuaciones» del nuevo registro que impulsará el PP «que no tengan el carácter de públicas, sin perjuicio de la aplicación de las normas reguladoras de los procedimientos en cuya tramitación se hubiera solicitado la información». Además, obligarán a que se registren todos los accesos al sistema de gestión documental.

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