Anticorrupción acusa a un director general de Prohens de delitos urbanísticos

La Oficina Anticorrupción de Balears acusa al director general de Emergencias del actual Govern, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015, como concejal responsable de esta área. El organismo de lucha contra el fraude público atribuye al alto cargo del PP la figura delictiva de «prevaricación urbanística», por permitir a sabiendas que una veintena de negocios operen sin licencia y de forma «clandestina» en el polígono industrial de Campos, sito en la entrada al pueblo desde la autopista de Palma. Algunas naves están construidas ilegalmente en suelo rústico y a plena actividad.

La importancia de Sebastià Sureda en el entorno de la presidenta del Govern supera su rango estricto de director general. El todavía concejal de Campos es socio del padre de Marga Prohens en una gestoría de la localidad. Como tal, forma parte del núcleo duro del sur de Mallorca que el PP ha instalado en el Ejecutivo balear y en el Consell.

En un detallado expediente de medio centenar de folios, Anticorrupción sustancia su acusación de prevaricación en que Sureda ha hecho «omisión de funciones en materia de inspecciones y control de actividades y de disciplina urbanística». En una investigación que se ha dilatado durante tres años −desde noviembre de 2020 hasta su reciente notificación a los afectados−, y que se inició tras la denuncia de un particular, Anticorrupción se centra en demostrar que el hoy alto cargo del Govern «tenía conocimiento de actuar en contra del Derecho».

La investigación no se dirige exclusivamente contra el director general del Govern. Se amplía a otras cinco personas: un policía local de Campos, un ingeniero técnico municipal, una técnica jurídica de actividades municipales, el arquitecto técnico municipal y el exalcalde y exconcejal de Urbanismo de Campos por Unió Mallorquina (UM) y ahora director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, tras su pase político al PP en las pasadas elecciones.

La Oficina señala especialmente a Sebastià Sureda y a Guillem Ginard «porque por estas acciones y omisiones han causado un perjuicio a los bienes y derechos del Ayuntamiento» de Campos.

La Oficina Anticorrupción «ha comprobado la existencia de al menos 18 establecimientos sin licencia más dos talleres que han realizado ampliaciones ilegales en el polígono del Camí Vell de Ciutat», constata el expediente investigador. «Incluso algunos negocios funcionan sin licencia desde hace años, sin que el Ayuntamiento [de Campos] haya adoptado ninguna medida», prosigue. Como destacado responsable de la presunta trama de corrupción urbanística, la Oficina sitúa al alto cargo del Govern, sobre quien «concurren todos los elementos del tipo penal del delito de prevaricación».

Tanto Sureda como Ginard, en su condición de concejales de Urbanismo campaners a partir de 2011, han hecho dejación de funciones permitiendo que los negocios implicados funcionen sin licencia, desoyendo las denuncias recibidas e impidiendo su inspección, imposición de sanciones y correspondiente clausura, según la Oficina. Todo ello con la ayuda de un policía local, que hacía las funciones de celador municipal y al que se acusa también de «falsedad documental», así como de otros tres funcionarios municipales del departamento de Urbanismo.

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Inacción manifiesta

Una de las acusaciones más sobresalientes del expediente recoge la inacción municipal ante la inexistencia de permiso de actividad para una ferretería sita en el polígono de Campos. El técnico jurídico de Urbanismo hizo un informe el 11 de octubre de 2022 en el que estipulaba que debía procederse a la suspensión cautelar de la actividad «clandestina» del establecimiento en cuestión y la incoación o de un expediente sancionador a la propiedad.

«Ello no obstante, el Ayuntamiento no adoptó ninguna medida [...] tal y como requería el técnico» municipal, refiere Anticorrupción. «Hay indicios de prevaricación» de Sebastià Sureda «porque a pesar del informe jurídico, dictó una resolución que omitió la suspensión de la actividad y el inicio de un procedimiento sancionador, por lo cual concurren posiblemente todos los elementos del tipo penal del delito de prevaricación», recalca la Oficina.

Pleno conocimiento

La conclusión de esta pormenorizada investigación, después de tres años de trámites que han incluido inspecciones in situ, coincide con el anuncio firme de la disolución de la Oficina Anticorrupción de Balears anunciada por PP y Vox. Sin embargo, la desaparición del ente no está contemplada en los 110 puntos del Acuerdo de Gobierno suscrito por los populares y la ultraderecha. Se da la circunstancia de que el firmante del Acuerdo por parte del PP fue Sebastià Sagreras, alcalde de Campos en los años en que ya funcionaba la trama investigada. El portavoz del PP también presentó los Acuerdos junto a Idoia Ribas, por parte de Vox, sin mención a la desaparición de la Oficina Anticorrupción.

La investigación en curso no ha sido un secreto ni para los directamente implicados ni para el Ayuntamiento de Campos, gobernado por el PP. Todos han recibido información detallada y requerimientos relativos a los hechos denunciados, que se acaban de sustanciar como acusación y cuyo destino final, apunta la Oficina, será la Fiscalía Anticorrupción ante los claros indicios de delito penal.

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