El policía agredido por el alto cargo del Govern acusado de agresión sexual reclama una condena de cinco años de cárcel
Serra Ferrer propinó un puñetazo en la mandíbula al agente cuando intentaba escapar del lugar
Juan Antonio Serra Ferrer, director gerente del Ibetec. / DM
El agente de la Policía Nacional al que Juan Antonio Serra Ferrer atacó antes de ser detenido por la agresión sexual a la mujer reclama una condena de cinco años de cárcel para él. El funcionario recibió, según consta en la causa judicial, un fuerte puñetazo en la mandíbula por parte de Serra cuando intentaba escapar para no ser arrestado.
El policía, que ejerce la acusación particular contra el ya ex director gerente del Ibetec, le imputa delitos de atentado y lesiones, por los que reclama tres y dos años de prisión respectivamente. Además, el agente reclama una indemnización de 5.112,28 euros por las lesiones sufridas, varias contusiones en la cara y el hombro de las que tardó dos semanas en recuperarse. El policía no reclama condena por la agresión sexual a la mujer, ya que no está legitimado legalmente para hacerlo al no ser perjudicado directo de esos hechos.
La Fiscalía, como informó ayer este diario en exclusiva, solicita una condena menor para Serra Ferrer. El ministerio público, que presentó su escrito de acusación en el juzgado el pasado martes, le acusa de delitos de agresión sexual, atentado y lesiones en los que aprecia la atenuante de reparación del daño porque el acusado ha depositado en el juzgado 2.000 euros para hacer frente a las posibles indemnizaciones que se le impongan. Esta circunstancia hace que la Fiscalía atenúe las penas reclamadas, que suman tres años de prisión y multas por valor de 2.160 euros.
También reclama compensaciones para los dos perjudicados. Para la mujer de la que abusó Serra Ferrar pide 2.360 euros y para el policía al que golpeó, 540 euros. El ministerio público solicita también en su escrito que el hombre sea obligado a participar en un programa formativo de educación sexual, que le inhabilite para cualquier profesión relacionada con menores durante siete años y que se dicte una orden de alejamiento en favor de la mujer de cinco años.
La jueza encargada de la instrucción decretó el pasado jueves la apertura de juicio oral, una decisión que es firme y no puede ser recurrida por las partes. El caso será remitido ahora a un juzgado de lo penal de Palma, que será el encargado de señalar la fecha de la vista oral para los próximos meses y dictar sentencia después.
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