El vicepresidente del Govern fichó a sabiendas al alto cargo acusado de agresión sexual

El vicepresidente del Govern y conseller de Hacienda y Economía, Antoni Costa, fichó a Juan Antonio Serra Ferrer como alto cargo de una empresa pública bajo su control a sabiendas del proceso judicial por agresión sexual y atentado que pesaba sobre él. Costa y Serra, ambos ibicencos y casi de la misma edad, son amigos, estudiaron Economía juntos en la UIB y luego dieron clases allí, según confirman varias fuentes, algunas de ellas del propio PP.

El currículum y las fechas del caso evidencian que para Serra fue un bálsamo su fichaje para el Govern porque llevaba diez meses sin trabajo. Cuando en mayo de 2022 fue detenido por la agresión sexual en un restaurante de Palma y el posterior ataque a un agente de la Policía Nacional, la UIB decidió suspenderlo como profesor asociado. En septiembre de ese año, Serra perdió también su trabajo principal en una empresa del sector sanitario con sede en una clínica de Palma. En la información oficial del Govern sobre Serra como alto cargo no consta ninguna otra actividad laboral hasta que el PP accedió al poder tras las elecciones de mayo.

El Govern fulmina al alto cargo procesado por agresión sexual

Costa, nombrado vicepresidente y conseller el pasado 10 de julio, solo tardó tres semanas en utilizar su puesto para designar a su imputado amigo como director gerente del Ibetec, la entidad pública empresarial de telecomunicaciones e innovación de Balears. El consejo de administración de esta empresa pública, presidido por el propio Costa, lo designó el 2 de agosto para un puesto remunerado con 57.000 euros anuales. El nombramiento fue comunicado un mes después, cuando el consell de Govern se dio oficialmente por enterado.

La implicación del vicepresidente en su fichaje fue tan personal como sus esfuerzos por evitar que los problemas judiciales de Serra salieran a la luz. El objetivo era evitar que trascendieran o, al menos, minimizar los daños. De hecho, no todos los miembros del gabinete de Prohens estaban al tanto de lo peliagudo que era el nombramiento decidido por Antoni Costa. De ahí que la información publicada ayer en exclusiva por DIARIO de MALLORCA sobre la petición de tres años de prisión que la Fiscalía ha formulado contra Serra causara una desagradable sorpresa tanto en el PP como en el Ejecutivo autonómico.

El Govern mantuvo a Serra en su puesto durante casi cuatro meses mientras la causa judicial por agresión sexual avanzaba y no tomó medidas hasta ayer, cuando se desayunó con el estallido del caso en pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N). Poco antes de las nueve de la mañana, la propia vicepresidencia y conselleria de Economía y Hacienda informó del «cese inmediato» de Serra Ferrer «al tener conocimiento de las acusaciones formuladas contra él y la apertura de juicio oral». El comunicado del Govern sostiene que se desconocían los graves cargos que pesan sobre él, pero todas las fuentes consultadas confirman que el vicepresidente estaba al tanto desde el primer momento por el propio acusado. La nota del departamento de Costa «reitera su compromiso y absoluto rechazo a todas las formas de violencia contra las mujeres y su compromiso de poner todos los recursos y medidas en la protección de las mujeres y en la lucha contra esta lacra social».

Mientras, el PSOE prepara ya una ofensiva parlamentaria para pedir explicaciones a Costa por el nombramiento de Serra.

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