Un juez de Barcelona interroga a un policía nacional en Mallorca por supuestas torturas durante las revueltas del Procés

El Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona interrogó ayer por videoconferencia a un policía nacional en la Jefatura Superior de Balears, que estuvo destinado en la Ciudad Condal durante las revueltas en Via Laietana, al conocerse la sentencia condenatoria del Procés. El agente, asistido por el abogado del Sindicato Unificado de Policía (SUP) Eduardo Luna, se encargaba de las conducciones de los detenidos y está acusado de los presuntos delitos de amenazas, trato degradante y torturas. Durante su comparecencia, el funcionario se negó a prestar declaración debido a que desconocía por completo los delitos de los que se le acusaba antes de la misma.

Los hechos por los que este policía fue citado a declarar por medio de videoconferencia desde la sede de la Jefatura Superior de Policía de Balears, en la calle Simó Ballester de Palma, tuvieron lugar los días 18 y 19 de octubre de 2019 en Barcelona. 

La respuesta no se hizo esperar tras la sentencia del Procés y algunas de las calles más céntricas de la Ciudad Condal se convirtieron en un polvorín. Los altercados se sucedieron por doquier y se volcaron contenedores en llamas. Un contingente de efectivos de la Policía Nacional, entre ellos este agente destinado en Balears, se desplazaron a Barcelona en el famoso barco decorado con algunos de los personajes más destacados de los dibujos animados de la Warner como Piolín.

Al conocerse la sentencia condenatoria del Procés, varias personas fueron detenidas después de los violentos disturbios en Via Laietana. Este agente se encargaba entonces de las conducciones de los detenidos a los calabozos y al Juzgado.

Hace unas semanas le llegó a este funcionario una citación a la Jefatura Superior de Policía de Balears para que compareciera por videoconferencia ante el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona. Sin embargo hasta este viernes desconocía por completo cuáles eran los cargos sobre los que versaba la acusación e incluso que él hubiera sido denunciado durante s intervención en los disturbios del Procés.

«Nosotros entendemos que no hay delito. Por eso no queremos una ley de amnistía», precisó el abogado Eduardo Luna. «Nos parece muy extraño que esta citación llegue a unos días de la investidura. No creemos que sea una casualidad», apuntó este letrado.

El letrado se quejó ayer de lo que, a su juicio, es «oscurantismo e impedimentos» en la instrucción de la causa. De hechos hasta hace solo unos pocos días no llegó a la Jefatura Superior de Balears la citación a este agente para que prestara declaración en calidad de investigado. Este funcionario, afiliado al Sindicato Unificado de Policía, lo puso en conocimiento y el abogado del SUP  le prestó asistencia letrada. 

«Indefensión»

Eduardo Luna adujo «indefensión» ante el titular del Juzgado de Instrucción de Barcelona. Por este motivo instó al policía al que representaba que no prestar declaración. «No hemos tenido acceso a la documentación y, por tanto, tampoco hemos podido preparar la declaración, al desconocer por completo de qué se le acusaba», protestó.

El caso de este funcionario destinado en Balears dista de ser un caso aislado. De hecho hay 45 agentes de Policía Nacional y de la Guardia Civil que se encuentran actualmente en su misma situación.