PP y Vox aprueban el decreto para abaratar la vivienda entre críticas de la izquierda: «Solo gana la cultura del pelotazo y la especulación»

El Partido Popular y Vox dejaron aparcadas sus diferencias lingüísticas para votar al unísono la aprobación del decreto ley para abaratar la vivienda y clausurar los pisos de alquiler turístico ilegal: «Reforzamos la lucha contra la oferta ilegal, la actividad clandestina y el intrusismo».

El Govern aprueba el decreto para abaratar la vivienda y clausurar los pisos de alquiler turístico ilegal

La consellera de Vivienda, Marta Vidal, asegura que el objetivo principal de este decreto es «aumentar la oferta de viviendas disponibles en los municipios de las islas a precios asequibles y sin consumir territorio, en edificios existentes y parcelas no edificadas en suelo urbano, y de facilitar el acceso a la vivienda a las clases medias y trabajadoras y a la gente joven». El precio de los pisos a precio limitado de 60 a 80 metros cuadrados se moverá, según los cálculos del Govern, entre los 102.000 y los 285.000 euros. Para poder acceder a una vivienda de precio limitado, explica Vidal, se establecen una serie de requisitos: la persona debe tener la residencia en Balears y ser una persona física mayor de edad, no puede ser propietaria al 100% de otra vivienda y la nueva vivienda tendrá que constituir su domicilio habitual y permanente.

Pese a votar a favor, Vox anunció que presentarán enmiendas porque las medidas son «del todo insuficientes» para hacer frente al problema de la vivienda en Baleares: «Echamos en falta mayores incentivos para que los promotores privados puedan rentabilizar sus inversiones».

«En una comunidad en la que en los últimos veinte años ha crecido un 34 por ciento la población, la dejadez de las administraciones públicas y la falta de previsión ha sido una constante, y ahora pagamos las consecuencias», reprochó la portavoz de la ultraderecha, Idoia Ribas, a los partidos de la izquierda.

El PSIB se mostró radicalmente en contra del decreto porque con esta normativa «solo gana la cultura del pelotazo y la especulación» y acusan a la consellera de «desentenderse por completo de las políticas de vivienda pública, y se pone únicamente en manos de la iniciativa privada, con lo cual no tendrá ningún coste económico pero sí un gran coste social».

En este sentido, la socialista advierte de que el texto incluye «una amnistía en las viviendas ilegales, permite la construcción de minipisos de 28 metros cuadrados, reconvierte edificios inadecuados y en estado ruinoso en fincas de minipisos e incluye el cambio de uso de establecimientos hoteleros y solares de uso turístico en todas las islas, sin distinción ni capacidad de decisión por parte de los ayuntamientos ni de los sindicatos que representan los trabajadores, lo cual es el verdadero caballo de Troya de este decreto».

Asimismo, Garrido asegura que el decreto ley no es para las clases medias y trabajadoras porque «excluye a las clases más vulnerables de nuestra sociedad, con pisos de nueva planta que estarán entre los 244.000 euros por una vivienda de 70m2 y los 314.000 euros por 80m2, y para los que se necesitarán unos ahorros previos de entre 50.000 y 70.000 euros para poder acceder».

Por su parte el diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa lamenta que las viviendas a precio limitado que instaura esta ley «son insuficientes» y advierte que supondrá un crecimiento de los barrios y municipios sin un planeamiento urbanístico concreto: «No regula el precio del alquiler, lo fía todo a la nueva construcción, no saca al mercado las 105.000 viviendas vacías y no deja de entender la vivienda como un negocio en lugar de como un derecho».

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