El fiscal acusa al exjefe de Policía de Calvià de dirigir una "estructura corrupta"

La Fiscalía considera que el exjefe de la Policía Local de Calvià José Antonio Navarro y su homólogo en Marratxí, Antonio Ledesma, dirigían "una estructura corrupta" para cobrar sobornos de los empresarios de Magaluf Juan Ferriol y Juan Miguel Luna del grupo MCP a cambio de brindarles un trato de favor. El ministerio público insiste en que ambos recibieron miles de euros enmascarados como trabajos de asesoría laboral y que, como contrapartida, intercedían en las sanciones y multas a los negocios de MCP y les avisaban de las inspecciones que iban a recibir. Las defensas, por su parte, alegan que no hay pruebas de estos pagos irregulares ni de las maniobras para evitar actuaciones contra los empresarios. El juicio quedará hoy visto para sentencia.

En su informe final, el fiscal Fernando Bermejo ha reclamado sendas condenas de seis años de cárcel para los cuatro acusados por delitos de cohecho, prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos. Bermejo ha señalado que el hecho de que Navarro y Ledesma realizaran trabajos de asesoría laboral para los negocios de Magaluf de cuya inspección "eran responsables" supone "una verdadera forma de corrupción". En su alegato, el fiscal ha defendido que los pagos acreditados a los dos policías por estas gestiones "eran desorbitados" y ocultaban su verdadera finalidad, el trato de favor a los negocios de MCP. Además, se ha apoyado en el testimonio de una antigua empleada de la empresa para apuntar que Navarro y Ledesma recibían hasta 6.000 euros cada dos meses.

Bermejo considera acreditado que Navarro y Ledesma llevaron a cabo maniobras para "archivar o quitar multas" a los negocios de los empresarios acusados. También da por probado que se alertaba a los negocios de las inspecciones que iban a recibir para que pusieran en orden las irregularidades que cometían.

Al concluir su informe, el fiscal ha deslizado que quizá otros empresarios recibieron también un trato de favor en Calvià, en alusión a Bartolomé Cursach entre otros, pero ha alegado que no han podido reunir indicios de ello. "La justicia ha llegado tarde, pero ha llegado", ha argumentado. Bermejo ha pedido además que se deduzca testimonio contra el empresario Alejandro Jara, que en el juicio se desdijo de sus acusaciones durante la fase de instrucción, al entender que ha mentido en el procedimiento judicial.

La Fiscalía imputa a Navarro un delito de cohecho pasivo por el que reclama una pena de seis años de prisión y 12 de inhabilitación para cargo público, así como delitos de negociaciones prohibidas y prevaricación por el que pide multas y otros 18 años de inhabilitación. La misma condena de cárcel solicita para Ledesma y los dos empresarios acusados de cohecho.

Una acusación "insostenible"

Las defensas, por su parte, reclaman la absolución de los cuatro acusados al entender que no hay evidencias de que cometieran ningún delito. El abogado de Navarro, Jaime Campaner, ha sentenciado que "no hay manera de sostener la acusación". Respecto a la gestoría que su cliente y Ledesma dirigían, ha argumentado que pese a que era "incompatible" con su labor como policía, se trata a lo sumo de una infracción administrativa. Campaner ha señalado que Navarro asesoraba a la empresa MCP en materia "exclusivamente laboral", para la que carecía de competencias en la Policía Local de Calvià.

También ha considerado que no hay evidencia alguna de que el mando policial cobrara indebidamente por parte de los empresarios al margen de estos trabajos de gestoría. En este sentido, ha destacado que los investigadores no hallaron ninguna evidencia de enriquecimiento injusto de Navarro.

Sobre el presunto trato de favor, el letrado ha señalado que Navarro "no ejerció ninguna influencia ni podía ejercerla" sobre las sanciones que podían aplicarse a los negocios de MCP, ya que estaba fuera de sus competencias.