Los empresarios de Magaluf acusados de corrupción recibían chivatazos de inspecciones

Uno de los investigadores explica en el juicio que hallaron correos electrónicos con avisos de actuaciones de los funcionarios de Trabajo

Los empresarios acusados, JuanFerriol y Juan Miguel Luna, con el abogado Llorenç Salvà.

Los empresarios acusados, JuanFerriol y Juan Miguel Luna, con el abogado Llorenç Salvà. / B. Ramon

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Un investigador de la Policía Nacional aseguró este lunes en el juicio que los empresarios de Magaluf acusados de pagar sobornos al que fuera jefe de la Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, recibían chivatazos sobre las inspecciones que iban a recibir sus locales. El entonces jefe del grupo de Blanqueo detalló que durante las pesquisas hallaron correos electrónicos internos de la sociedad MCP en la que se alertaba de inminentes actuaciones de la Inspección de Trabajo en la zona y se pedía regularizar con premura la situación de los empleados. Las gestiones las llevaban a cabo tanto Navarro como Antonio Ledesma, también policía y que fue jefe el cuerpo en Marratxí, a través de su empresa de asesoría laboral. El investigador apuntó que el único cliente de este negocio era aparentemente la empresa de Magaluf. 

El policía señaló que, según el análisis de la documentación incautada en 2014 a MCP, que tenía media docena de establecimientos en Calvià, existían «múltiples irregularidades» en los contratos de los trabajadores. También detectó el jefe de Blanqueo «muchos ingresos no declarados», con una facturación en B «que no figuraba en la contabilidad».

Sobre el papel de Navarro y Ledesma, explicó que hallaron facturas de la gestoría de estos a MCP entre los años 2007 y 2012 por labores de asesoría laboral. La gestoría figuraba formalmente a nombre de la mujer de Ledesma, pero eran los policías quienes trataban con la empresa para llevar a cabo diferentes gestiones. El investigador aseguró también que de las facturas analizadas se desprende que el único cliente de esta asesoría era MCP, que realizaba uno o dos pagos anuales.

Un agente de la Policía Local de Calvià declaró, por su parte, que «no había un trato homogéneo» en los locales de Magaluf sobre las sanciones. En concreto se refirió a las medidas adoptadas contra dos establecimientos a los que se realizaron inspecciones sonométricas el mismo día. Mientras contra uno se actuó con rapidez, el otro fue sancionado cuando la temporada turística agonizaba. También explicó que tuvo «la sensación pero no la constancia» de que algunos negocios eran avisados de las inspecciones que iban a recibir. Respecto a Navarro indicó que en una ocasión le dio órdenes explícitas de inspeccionar un local concreto, pero precisó que fue durante un operativo en la zona y que el negocio incumplía claramente la normativa de ruidos. Según dijo, nunca recibió instrucciones para actuar más contra determinados negocios. «No había trato de favor por parte de la Policía Local», sentenció. También aseguró que no había un criterio determinado para llevar a cabo las sonometrías, sino que iban en función de las denuncias que se recibían.

El predecesor de Navarro como jefe de la Policía Local de Calvià, Jaume Marcó, que estuvo en el cargo entre 2011 y 2011, aseguró que las quejas de los empresarios de Magaluf por supuestos tratos de favor son «recurrentes». «La competencia es feroz, utilizan casi cualquier medio para perjudicar a la competencia», dijo. Marcó, que cuando dejó el cargo pasó a trabajar en labores administrativas en el Ayuntamiento, aseveró que Navarro «nunca» intentó influir en las decisiones sobre sanciones a negocios. «No se lo habría permitido», apostilló. En su declaración precisó que si bien las actas de denuncia son elaborados por la Policía Local, el trámite para sancionar lo lleva a cabo después el Ayuntamiento.

Sobre Ledesma explicó que tras recibir algunas quejas sobre su labor como policía en Calvià realizó indagaciones y aunque no constató «nada irregular» decidió apartarlo de la unidad nocturna en 2007 por pérdida de confianza. «Tardábamos en localizarlo y no sabía explicar bien de dónde venía», afirmó Marcó, que confirmó que en una ocasión vio a Ledesma con el gerente de MCP.

Dos detectives privados contaron que, tras recibir un encargo de un empresario de la zona, constataron que los tiqueteros que trabajaban de forma irregular en Magaluf desaparecían en cuando se alertaba a la Policía Local.