Un comandante de la Guardia Civil: «Cursach era el gran favorecido de las sanciones en Calvià»

El investigador de la trama de corrupción policial y empresarial dice que varios negocios se beneficiaban del extravío de denuncias y de multas bajas pese a sus infracciones "muy graves"

Los acusados, durante el juicio.

Los acusados, durante el juicio. / B. RAMON

Marcos Ollés

Marcos Ollés

La sombra de Cursach es alargada y este martes volvió a planear en el juicio por la trama de corrupción en Calvià. Un comandante de la Guardia Civil apuntó al grupo empresarial del magnate absuelto como «el gran favorecido» por la desaparición de denuncias de la Policía Local de Calvià y la imposición de multas bajas pese a las infracciones «graves o muy graves» que se detectaban en sus establecimientos. El mando de la Benemérita que investigó la trama apuntó también a MCP -cuyos dueños se sientan en el banquillo- y otros dos empresarios como los beneficiarios de este trato de favor municipal. El investigador precisó que sus pesquisas quedaron «inconclusas» por la «detención de los principales objetivos», en alusión a los arrestos de Cursach y otros implicados por parte de la Policía Nacional y calificó de «provisionales» las conclusiones plasmadas en sus informes.

El guardia civil afirmó que detectaron un número «extraordinariamente bajo de resoluciones respecto al número de denuncias» de la Policía Local a los negocios de Cursach y MCP. Según sus cálculos, eran multados por el 15 por ciento de las actas levantadas, cuando la media de los locales de la zona era del 26 por ciento, con algunas empresas sancionadas por todas las denuncias. Estos supuestos privilegios afectaban también a la cuantía de las multas impuestas. En el caso de Cursach, el 96 por ciento de las irregularidades cometidas eran «graves o muy graves», detalló el comandante, pero solo el dos por ciento implicaban sanciones superiores a los mil euros. «Cursach era el gran favorecido», sentenció. El guardia civil situó al magnate como el más beneficiado, y situó en un escalón inferior a MCP y el grupo de Alex, de Alejandro Jara.

El comandante del instituto armado señaló que detectaron también que algunas denuncias contra estos grupos empresariales desaparecían. En este sentido, apuntó que no pudieron llegar a determinar quién era el responsable de esta situación y aseguró que la investigación por esta trama de corrupción «es una operación inconclusa». «Teníamos gestiones pendientes que no se practicaron por la detención de los principales objetivos por parte del otro grupo investigadores», dijo en alusión a la detención de Cursach por parte del grupo de Blanqueo de la Policía en febrero de 2017. De este modo, a preguntas de las defensas, admitió que las conclusiones de sus informes son «provisionales» y que faltaba tomar declaraciones a varios trabajadores del Ayuntamiento de Calvià para esclarecer dónde se extraviaban las multas. 

Un sargento de la Guardia Civil contó que un club de striptease del grupo MCP en Magaluf operaba de forma ilegal sin que se le abriera expediente sancionador. «No había presentado la documentación requerida por la conselleria. Se legalizó tras una inspección», explicó. Este investigador apuntó además que había denuncias y expedientes de la Policía Local que no llegaban a remitirse al Ayuntamiento para poner en marcha el proceso sancionador. 

Otro de los investigadores explicó que en el ordenador de José Antonio Navarro, que era jefe de la Policía Local de Calvià cuando fue detenido en 2014, encontraron pruebas de que él y Ledesma llevaban desde 2005 realizando labores de gestoría para locales de Magaluf. En 2013, según las evidencias, se elaboró un contrato entre la mujer de Ledesma y MCP para aparentar que era ella quien estaba al frente de las gestiones, añadió.

Intervención correcta

El resto de testigos que comparecieron hoy avalaron como correcta la actuación de dos guías caninos con droga en un local de Magaluf, que la Fiscalía consideraba al inicio del juicio como una intimidación a los dueños del negocio. La teniente de la Guardia Civil que dirigió el operativo señaló que fue ella quien decidió los establecimientos en los que se iba a actuar, por lo que los dos policías locales acusados no sabían a priori que iban a intervenir allí.

Además, otros tres testigos, especialistas en actuaciones con perros adiestrados, justificaron que los agentes ocultaran una pequeña cantidad de droga en ese local para que el perro la encontrara. Argumentaron que es necesario que el can halle estupefacientes, aunque sea un señuelo, «para que no se frustre». También consideran imprescindible que este simulacro se realice en el mismo establecimiento donde el animal ha llevado a cabo la inspección.’