La Fiscalía mantiene las acusaciones más graves por la trama de corrupción policial en Calvià

La Fiscalía mantiene el grueso de sus acusaciones por la trama de presunta corrupción en la Policía Local de Calvià. El ministerio público insiste en sus conclusiones definitivas en que el entonces jefe del cuerpo José Antonio Navarro cobró sobornos durante años de dos empresarios de Magaluf, Juan Ferriol y Juan Miguel Luna del grupo MCP, a cambio de brindarles un trato de favor. La tapadera para los cobros era, según el ministerio público, una gestoría que Navarro dirigía junto a Antonio Ledesma, antiguo agente de Calvià que acabó al frente de la Policía Local Marratxí. Para los cuatro reclama sendas condenas de seis años de cárcel por delitos de cohecho, prevaricación y actividades prohibidas a funcionarios públicos. La Fiscalía, en cambio, ha retirado los cargos contra dos agentes de la Policía Local de Calvià acusados de haber amenazado a un empresario colocando una papelina de droga en su local, que luego encontró un perro especializado. El ministerio público entiende que se trataba de un ejercicio de adiestramiento del animal. Estos dos acusados, representados por los abogados Gaspar Oliver y Miguel Arbona, fueron absueltos por el tribunal ayer mismo.

La tesis final de la Fiscalía señala que Navarro, que fue jefe de la Policía de Calvià entre 2011 y 2014, y Ledesma realizaron trabajos de gestoría para los establecimientos de Ferriol y Luna, incumpliendo así la ley de incompatibilidades. Por estas labores cobraron desde el año 2010 algo más de 36.000 euros a través de diferentes sociedades. El ministerio público sostiene además de Navarro y Ledesma cobraron 6.000 cada dos meses en efectivo para brindar un trato preferente a MCP.

A cambio de estos pagos, los dos policías favorecían a la empresa archivando las denuncias, retirando multas o pactando que las sanciones por sus infracciones fuesen irrisorias. La Fiscalía desgrana media docena de expedientes abiertos en el verano de 2013 por irregularidades en la actuación de los tiqueteros de MCP en Magaluf, que no fueron incoados pese a estar perfectamente identificado el autor. 

Además, los negocios recibían preavisos de las inspecciones que se iban a llevar a cabo en los negocios de la zona. Estas actuaciones solían llevarse a cabo en los establecimientos de la competencias.

Cárcel, multas e inhabilitación

La Fiscalía imputa a Navarro un delito de cohecho pasivo por el que reclama una pena de seis años de prisión y 12 de inhabilitación para cargo público, así como delitos de negociaciones prohibidas y prevaricación por el que pide multas y otros 18 años de inhabilitación. La misma condena de cárcel solicita para Ledesma y los dos empresarios acusados de cohecho.

El ministerio público presentó estas conclusiones tras introducir abundante prueba documental para que el tribunal la examine. Las defensas de Navarro, Ledesma, Ferriol y Luna, por su parte, reclamaron la absolución de sus clientes al considerar que no hay evidencias de que cometieran ningún delito.

El juicio continuará el próximo lunes, cuando las partes presenten sus informes finales y se conceda el derecho a la última palabra a los cuatro encausados antes de dejar el caso visto para sentencia.

5.000 expedientes al año contra negocios

Los últimos testigos en declarar en el juicio fueron cuatro funcionarias del Ayuntamiento de Calvià, propuestas por la defensa de Navarro, que negaron cualquier interferencia de la Policía Local en la tramitación administrativa de las sanciones que se imponían a los negocios de Magaluf. Una de las empleadas explicó que en la temporada alta el volumen de infracciones era muy alto y que se abrían unos 5.000 expedientes al año por diferentes infracciones a los establecimientos de Calvià.