El PSOE pide explicaciones «claras» al Govern por los presuntos delitos urbanísticos en Campos: «Este caso es muy preocupante»

Ni el PSOE ni el PP tardaron ayer en reaccionar después de trascender la presunta trama de corrupción urbanística del director general de Emergencias del Govern, Sebastià Sureda Mas, en Campos desde el año 2015. El portavoz adjunto de los socialistas en el Parlament, Marc Pons, criticó con dureza a sus adversarios políticos: «En los primeros 100 días de Govern ya vemos este tipo de casos muy preocupantes», lamentó el diputado, que pidió explicaciones «claras y transparentes» sobre cuál ha sido el modo de proceder de Sureda estos años.

«La consellera de Presidencia [de la que depende la dirección general de Emergencias] no puede mirar a otro lado, debe dar explicaciones», insistió Pons, que añadió que la Oficina Anticorrupción «es más necesaria que nunca» a la luz de lo ocurrido: «El Partido Popular no tiene autoridad para cerrarla después de esto», sentenció. El socialista recordó que, excepto Balears, el PP no se plantea cerrar ninguna de las 14 oficinas similares en España. «Si creen que hay elementos que pueden mejorar en Anticorrupción, adelante. Busquemos la mejor manera. Pero no es aceptable cerrarla, porque da garantías de la lucha contra la corrupción», aseveró Pons. Para el portavoz, con este caso de presuntos delitos urbanísticos ha quedado «sobradamente demostrado» que el organismo «funciona».

Respecto a las acusaciones del ayuntamiento de Campos, que ha asegurado que el PSOE votó a favor de las decisiones del Consistorio, Pons ha negado que los expedientes fueran aprobados por unanimidad: «Las licencias de obra se llevan a la junta de gobierno, donde solo está el PP, no al pleno», recordó.

El PP defiende a su director general

En cambio, el Partido Popular defendió al director general de Emergencias y alegó que su actuación, avalada con «informes técnicos y jurídicos», contó con el voto favorable en el pleno municipal de la coalición Endavant, de la que forma parte el PSOE. De hecho, los ‘populares’ acusaron en un comunicado al director de Anticorrupción, Tòfol Milán, de «apurar» para «prestar sus últimos servicios a los socialistas» al frente de una oficina «pensaba e ideada como máquina de barrio al servicio de los intereses del PSOE».

En un comunicado, la portavoz adjunta del Partido Popular en el Parlament, Marga Durán, lamentó que haya trascendido el contenido de la investigación del organismo, a su juicio un hecho intencionado «con el único objetivo de difamar a miembros del PP». Para la diputada, es «evidente» que la denuncia de Anticorrupción «no es más que una reacción a las conclusiones del Parlament sobre la duplicidad que representa este organismo frente a labores que ya llevan a cabo la Sindicatura de Cuentas, Intervención General o la Fiscalía». Como se recordará, PP y Vox han defendido desde que formaron Govern que uno de sus objetivos será el cierre de esta oficina.

En este sentido, Durán aprovechó para destacar que el coste anual de Anticorrupción es de 1,5 millones de euros y su director, Tòfol Milán, tiene un salario de 95.000 euros al año. Además, recordó que Milán, líder de la oficina que ha llevado a cabo la investigación, fue director general en el Govern de Francesc Antich, alto cargo en el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero y tuvo un cargo en el Ayuntamiento de Calvià con el socialista Alfonso Rodríguez Badal, lo que para Durán «evidencia» que el PSOE quería «un órgano a su servicio». «La oficina ha archivado sistemáticamente, sin haberlas investigado, todas las denuncias contra cargos socialistas», lamentó la portavoz.