Penalva: «Estoy condenado a vivir con miedo. Si aparezco muerto por ahí, que se investigue»

Con algunas lágrimas pero sin ovaciones, el juicio a los investigadores del caso Cursach quedó visto para sentencia con los acusados insistiendo en su inocencia, defendiendo su actuación y cargando contra los policías y el fiscal que les han sentando en el banquillo. «Ni delitos ni irregularidades», resumió el exfiscal Miguel Ángel Subirán al ejercer su derecho a la última palabra. Tanto él como el exjuez Manuel Penalva abundaron en sus alegatos finales en la teoría de la conspiración, con testigos comprados y sicarios: «Estoy condenado a vivir con miedo. Si aparezco muerto por ahí, que se investigue», dijo el exmagistrado. El antiguo jefe del grupo de Blanqueo, José Luis García Reguera, citó a Galileo -«y sin embargo, se mueve»- para defender que actuaban contra delincuentes y el subinspector Miguel Ángel Blanco mantuvo que «el concurso de la ORA se amañó». Los policías Iván Bandera y Blanca Ruiz se limitaron a declararse inocentes.

El broche final al juicio no lo presenciaron los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, que tras la sesión matutina partieron hacia Madrid. No escucharon así como Penalva arrancaba su intervención lamentado los seis años «soportando callado todo tipo de injurias y calumnias, con una persecución mediática tremenda». «Lo que más me duele es que las personas que quiero puedan pensar que les he fallado. Jamás pensé que me tendría que alegrar de la muerte de mi padre para que no viera esto», dijo. Penalva negó que sus investigaciones fueran «contra toda la Policía Local», donde afirmó que hay «grandes profesionales», pero que la institución «no merece algunos mandos que ha tenido y todavía tiene». Lamentó los mensajes que envió a la madame del caso Cursach, cuya difusión acabaron provocando que lo apartaran: «Me equivoqué porque fallé a las auténticas víctimas». Consideró «perverso» el cierre del proceso a Cursach y denunció que «no se investigó» si, como declaró un testigo, «quería contratar sicarios» para acabar con él y Subirán.

El exmagistrado rechazó todas las acusaciones de amenazas y presiones, porque «no es verdad que el juzgado se convirtiera en una sala medieval de torturas», y achacó determinadas imputaciones a la «compra de testigos». «No es creíble que lo hiciéramos todo mal. Se podría haber hecho muchísimo mejor. Y mucho peor. Siempre hemos buscado la verdad», argumentó. Se confesó «votante del PP» para desmentir que actuara por motivos políticos y pidió al tribunal que su sentencia sea «el final del principio».

Subirán, en la misma línea, dijo estar «tocado del ala» por el «padecimiento» que la he generado este proceso y tener «un miedo terrible y absoluto» a sufrir ataques físicos. «Ni delitos ni irregularidades», sentenció para defender la labor de todos los acusados. De Tomás Herranz y Juan Carrau, a quien tachó de mentiroso por negar su papel en el caso ORA, dijo que sus actuaciones «huelen a persecución» contra ellos.

García Reguera abundó en que sus superiores en la Policía «siempre» estaban informados de sus actuaciones y destacó que en su momento no las cuestionaron. «Lo tenían fácil si dudaban de mi capacidad», dijo. Miguel Ángel Blanco aseguró haber «respetado siempre la legalidad» y sentenció que «el concurso de la ORA se amañó». Acabó acusando a los policías Juan Márquez y Juan Palomo de «manipular» los «supuestos» mensajes de WhatsApp.

Antes de estas intervenciones, los abogados de Blanco, Ruiz y Bandera reclamaron en sus informes finales su absolución, desgranando numerosas irregularidades en la investigación policial contra ellos.

La abogada del Estado, personado como posible responsable civil subsidiario de las actuaciones de los acusados, combatió las indemnizaciones de más de 5,6 millones de euros que reclaman las acusaciones. «No están justificadas», aseguró en su intervención.

El juicio, tras 34 sesiones en las que han desfilado cerca de 150 testigos y peritos, quedó visto para sentencia.

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