La Fiscalía sigue pidiendo 600 años de cárcel para Penalva, Subirán y los policías

La Fiscalía mantiene casi intactas en la recta final del juicio sus graves acusaciones contra el exjuez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán y los cuatro antiguos agentes del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional. En su escrito de conclusiones definitivas, entregado hoy a las partes pero que no se oficializará hasta el próximo martes, continúa reclamando penas que rondan los 600 años de cárcel en total para los acusados.

El documento, al que ha tenido acceso Diario de Mallorca, insiste en el relato inicial del ministerio público y considera que los investigadores del caso Cursach cometieron delitos de revelación de secretos, omisión del deber de perseguir delitos, detención ilegal, obstrucción a la justicia y prevaricación. La Fiscalía solo retira un delito de obstrucción a la justicia y otro de inducción al falso testimonio que imputaba a Subirán y el policía Miguel Ángel Blanco. Además, al agente Iván Bandera le exculpa de las detenciones supuestamente ilegales de los padres y el hermano de Álvaro Gijón. De esta manera, reclama 118 años de prisión para Penalva; 121 para Subirán, 85,5 para José Luis García Reguera; 71,5 para Blanca Ruiz; 100 para Miguel Ángel Blanco y 74 para Iván Bandera.

Las peticiones de condena más elevadas son por las 15 detenciones que llevaron a cabo en el caso ORA, que según la tesis de la Fiscalía practicaron en base a «rumores y especulaciones» y sin indicios suficientes. Sobre los arrestos de los familiares de Álvaro Gijón, considera que tampoco había evidencias y que solo pretendían «presionar» al político. También considera ilegales los ingresos en prisión del empresario Antoni Roig y el funcionario de Cort Miquel Femenia.

Tampoco modifica la Fiscalía su postura sobre las «filtraciones» a los medios de comunicación de aquellas pesquisas, que considera delitos de revelación de secretos. El escrito de acusación enumera 27 informaciones y entrevistas periodísticas publicadas por diversos medios, entre ellos Diario de Mallorca, para sostener que Penalva, Subirán y los policías acusados facilitaban información bajo secreto de sumario y además no persiguieron estas «filtraciones». La Fiscalía sigue reclamando penas de prisión por este delito, pero introduce ahora una alternativa de simple inhabilitación para cargo público.

Finalmente, los fiscales mantienen media docena de episodios de presiones e intimidaciones a acusados y testigos y manipulaciones de sus declaraciones judiciales. Considera probados varios delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación por estos hechos.

En la sesión de este viernes, tras declarar los últimos testigos y peritos, la Fiscalía pidió en la fase documental al tribunal que tenga en cuenta las declaraciones en la fase de instrucción de los acusados. Las defensas se opusieron a ello, alegando que se vulnerarían derechos fundamentales.

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