El exalcalde Ramón Aguiló ratifica que la empresa del caso ORA ofreció sobornos

El exalcalde socialista de Palma Ramón Aguiló confirmó este jueves en el juicio a Penalva y Subirán que la empresa Roig, investigada por estos en el caso ORA, ofreció sobornos en Cort en los años 80. Aguiló aseguró que un representante de esta sociedad contactó con un concejal para «ofrecer una cantidad de dinero al Partido Socialista» a cambio de conseguir una adjudicación pública. «Dije que ni hablar», aseguró el expolítico, citado a declarar por las defensas en su estrategia de acreditar que las pesquisas de Penalva, Subirán y el grupo de Blanqueo por las que se ordenaron detenciones e ingresos en prisión estaban fundamentadas en abundantes indicios.

Aguiló, primer edil entre 1979 y 1991, detalló que Roig tenía adjudicado en su momento el contrato para el mantenimiento de los semáforos de la ciudad. «Se terminaba la concesión y el concejal José Luis Madico vino a verme a mi despacho. Me dijo que el adjudicatario que cesaba, que era la empresa Roig, debía de haberse percatado de que su oferta no era la que tenía más valoración para la mesa de contratación y estaba dispuesta a ofrecer al Partido Socialista una cantidad de dinero», narró Aguiló sobre este intento de soborno para amañar el concurso.

El exalcalde no denunció entonces y reveló estos hechos por primera vez en Diario de Mallorca en octubre de 2016, poco después del ingreso en prisión de Antoni Roig -nieto del fundador de la sociedad- por el supuesto amaño del caso ORA, tras lo que fue citado a declarar por el juez Penalva. Aguiló negó haber sido presionado en modo alguno por los investigadores en aquella comparecencia: «Expresé lo que yo sabía de este asunto». El abogado de Roig, que ejerce ahora la acusación particular contra Penalva, Subirán y los policías por sus actuaciones en el caso ORA -finalmente archivado- le preguntó si sabía quién ofreció el soborno. Aguiló no pudo precisarlo.

En la misma línea, el exgerente del Institut Municipal d’Esports (IME), José María González, detalló las irregularidades que detectó entre 2016 y 2017 los servicios que Roig prestaba por ese organismo público. «Había facturas hinchadas, se pagaban precios desorbitados y se fraccionaban contratos», afirmó. González añadió que Antoni Roig era conocido como ‘Toni Comisiones’ y que tenía una amistad íntima con Alberto Serna, el jefe de Obra Pública. Ambos fueron condenados por estos hechos a un año de prisión, sustituido por multa, tras alcanzar un acuerdo de conformidad con el fiscal Juan Carrau. Tras el interrogatorio de las defensas, el fiscal Tomás Herranz aseguró que la declaración de González no tiene «relación alguna» con el caso ORA.

Por otra parte, una funcionaria del juzgado de instrucción que dirigía Penalva aseguró que jamás presenció ninguna irregularidad. Afirmó que estuvo «en una decena» de declaraciones de testigos y acusados del caso Cursach y que estas se transcribían fielmente. «No recuerdo ninguna queja por cómo se formulaban las preguntas. Penalva era perfectamente correcto en el tono», afirmó. También aseguró que «todas las correcciones» que pedían los declarantes o sus abogados «se hacían sin ningún problema» y nunca hubo quejas de los letrados.

Añadió que nunca vio a Penalva y Subirán amenazar a ningún testigo y que tampoco sus compañeros le comentaron haber presenciado situaciones similares.

Juan Carrau se desmarca: «El fiscal del caso era Subirán»

Por su parte, Juan Carrau se desmarcó de las actuaciones por el presunto amaño de la ORA que ahora se juzgan. «El fiscal del caso era Subirán», afirmó en su declaración como testigo. El fiscal Anticorrupción admitió haber redactado un informe sobre esa causa, pero señaló que debió hacerlo como sustituto. 

Carrau aseguró que Subirán estaba asignado desde octubre de 2014. «A mi me designaron para ayudarle en noviembre de 2017», dijo, negando cualquier vinculación con las actuaciones por las que ahora la Fiscalía reclama elevadas penas de prisión. 

En su declaración también rechazó haber estado presente en una vista de medidas cautelares del comisario de la Policía Local de Palma Rafael Estarellas, que denunció haber sido coaccionado en ese momento. Dijo que «es posible» que estuviera en la declaración previa de Estarellas, pero confirmó que en el acta de esa diligencia no figura su firma y tampoco las preguntas que constan eran suyas.

Al inicio de su comparecencia, Carrau dijo no tener «motivo de enemistad ni amistad» con Penalva, Subirán y los policías acusados. «Creo que el abogado Barinaga ha firmado diversas denuncias contra mí, pero han acabado todas archivadas», apostilló. La intervención de Carrau, a la que renunciaron en su día las defensas, se ciñó únicamente a su presencia en la vista de Estarellas.

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