El interventor del Ayuntamiento de Palma mostró este lunes en el juicio sus «sospechas» de que el concurso de adjudicación de la ORA fue manipulado. El alto funcionario de Cort, en su declaración como testigo en el juicio al exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro antiguos policías del grupo de Blanqueo por su papel en el caso Cursach, afirmó que la fórmula utilizada en el proceso era legal pero «poco transparente», ya que «primaban los criterios subjetivos», permitiendo así saber a los aspirantes qué puntuación obtendrían. El interventor detalló que mantuvo una discusión con Miquel Femenia, entonces jefe de Movilidad y que después fue detenido por el caso ORA, por las bases del concurso y que en su departamento llegaron a plantearse paralizar el concurso. «Teníamos sospechas de un posible amaño pero insisto que no lo puedo probar, es una opinión mía”, resumió.
La investigación del caso ORA llevó a Penalva, Subirán y los policías a detener a una quincena de personas por el supuesto amaño, aunque finalmente la causa quedó archivada. La Fiscalía y las acusaciones les imputan ahora un rosario de delitos por esos arrestos y reclaman penas que suman casi 600 años de cárcel para ellos.
Durante la primera sesión del juicio tras el parón veraniego, media docena de abogados que asistieron a implicados en el caso ORA cuestionaron, con diferente dureza, los interrogatorios del entonces fiscal Subirán. El más contundente fue Juan Piña, que representó a Femenia tras su detención. «Era una actuación dirigida a presionarle», dijo sobre su declaración cuando pasó a disposición judicial. El letrado calificó de «intimidatorias» las preguntas que hacía el fiscal «para que colaborara». «En la Policía le habían dicho, sin presencia de letrado, que si declaraba contra Gijón, Rodríguez y Roig pasaría a ser testigo», afirmó Piña. «Subirán aseguró que solo le interesaba lo que servía para acusar. Pedí parar la declaración porque no entendían ni querían entender lo que estaba declarando», añadió. Calificó esa situación de «extorsión, presión y coacción absoluta» y contó que llegó a presentar un escrito de queja y se entrevistó con el entonces fiscal jefe, Bartomeu Barceló.
Otro abogado afirmó que la declaración judicial de uno de los detenidos en el caso ORA al que representaba fue manipulada y no reflejaba las palabras de su cliente. Argumentó que no tomó entonces ninguna medida ni protestó porque «lo único que quería era que quedara en libertad».
Este y otros abogados afirmaron que se ofreció a los entonces imputados pasar a la condición de testigos en función de lo que declarasen, y deslizaron que los investigadores pretendían obtener acusaciones contra Álvaro Gijón y José María Rodríguez. «Había mucho convencimiento de la Fiscalía de que había pruebas. Le decían que Gijón estaría en Cancún tomando caipirinhas y él en el centro penitenciario», señaló uno de los letrados. La mayoría de estos testigos calificaron de «duros» los interrogatorios, pero aseguraron que las actas reflejan con fidelidad lo que habían declarado sus clientes.
