Las acusaciones claman contra Penalva y Subirán: «No pueden quedar impunes»

Las acusaciones particulares echaron vinagre en la herida abierta por el fiscal. Los abogados personados en nombre de funcionarios y empresarios contra los que actuaron en su día Penalva, Subirán y los policías de Blanqueo clamaron en coro para pedir al tribunal su condena. En esencia, sostienen que los seis acusados se marcaron como objetivo «acabar con la cúpula del Partido Popular de Palma», para lo que «instrumentalizaron el proceso judicial», con un «abuso del secreto de sumario para generar indefensión» y «filtraciones a la prensa» para «crear hostilidad» hacia los investigados. «Construyeron su relato y fabricaron su propia verdad», señaló Salvador Perera. «No pueden quedar impunes. Han causado la muerte civil de muchas personas», resumió Carlos Portalo.

Los abogados de Cursach, Sbert, Álvaro Gijón y su familia, el empresario Antoni Roig y varios funcionarios del Ayuntamiento de Palma incidieron en que durante investigación del caso ORA los acusados utilizaron a testigos «espúreos» y de nula credibilidad, cuando no «guiados y manipulados», sobre los que «fabricaron» la teoría de que el concurso de adjudicación había sido amañado con «errores» y omisiones deliberadas en sus pesquisas. Todos consideraron injustificadas las detenciones practicadas, que algunos califican como delitos de «tortura» porque «abusaron de su cargo para obtener una confesión», en palabras del abogado Ángel Aragón. A juicio de las acusaciones, el objetivo único de estos arrestos era «obtener confesiones» porque no tenían pruebas.

El letrado de Álvaro Gijón y sus familiares, Oriol Rusca, incidió en que los investigadores eran conscientes de que sus actuaciones eran irregulares. Definió el caso ORA «como la caza de brujas de la Santa Inquisición». «Querían cazar a Álvaro Gijón, que era la pieza mayor, buscaban su muerte civil, política y profesional», argumentó. Este letrado consideró que el juez, el fiscal y los policías actuaron por «soberbia». «Teníamos un juez con ínfulas de ser un Castro, un fiscal que quería ser Horrach y unos policías que se creían intocables. Querían ser las estrellas de Palma y esperemos que acaben estrellados», reclamó.

Las acusaciones particulares incidieron también en las informaciones publicadas por los medios de comunicación para reclamar condenas por revelación de secretos y argumentaron que «nadie hizo nada» para perseguir estas «filtraciones».

Los abogados hicieron reiteradas alusiones en sus informes a los mensajes de WhatsApp de los acusados, en los que a su juicio queda patente la falta de imparcialidad y el sesgo con el que actuaban. Todos consideraron que esta prueba es válida, desvinculándolas del espionaje a varios periodistas que fue declarado ilegal y señalando que la incautación de los móviles de los policías en los que hallaron los chats fueron completamente legales. 

Las acusaciones justificaron las indemnizaciones que reclaman por los perjuicios sufridos por sus clientes: «Los acusados son responsables de muchas muertes. Han matado carreras profesionales, ilusiones y reputaciones. Civilmente han causado la muerte de muchas personas».

El abogado de Cursach y Sbert insinúa nuevas acciones

El abogado de Bartolomé Cursach y Bartolomé Sbert, Enrique Molina, explicó que ninguno de ellos reclama indemnizaciones en esto proceso judicial porque se reservan el derecho de hacerlo por otras vías, deslizando así que podría emprender nuevas acciones judiciales. Molina cuestionó la decisión del tribunal de limitar su capacidad para acusar a Penalva, Subirán y los policías. Aseguró que esta decisión va en contra del criterio del Tribunal Supremo y dejó caer: «No deseo tener que repetir este juicio».