Una abogada del caso Cursach denuncia irregularidades y dice que temía ser encarcelada

Una extrabajadora de Tito’s sostiene que fue amenazada «con ir al calabozo» por decir que no sabía nada de fiestas de policías en el local

Subirán, Penalva y su abogado, Javier Barinaga.

Subirán, Penalva y su abogado, Javier Barinaga. / Enrique Calvo

Marcos Ollés

Marcos Ollés

Una abogada que representó a un acusado en el caso Cursach denunció este lunes en el juicio diversas irregularidades cometidas durante la instrucción y aseguró que temía ser encarcelada. La letrada contó que Penalva la situaba como miembro «de la organización criminal de Cursach para amenazar a los testigos».

La letrada Rosario Molina contó que a su despacho llegó por casualidad un joven que fue acusado por un testigo protegido -un antiguo empleado de Tito’s- de agredirle y amenazarle varias veces. La abogada explicó que «cuando intentaba explicar que lo que decía el testigo era mentira», nunca le hicieron caso. Afirmó también que en las declaraciones judiciales el fiscal Subirán anunció a los compañeros de piso de su cliente que «irían a la cárcel si no decían la verdad» y que había policías «con pistola en la sala del juez».

También contó que en una ocasión «dos policías» le impidieron entrar en un careo de su cliente con el denunciante, aunque precisó que en esa diligencia no estaba Penalva, sino una jueza. Molina contó que a raíz de los enfrentamientos que tuvo con los investigadores fue situada «como miembro de la organización criminal de Cursach», para quien «nunca» ha trabajado, según repitió varias veces. «Les dije a mis compañeros de despacho que en cualquier momento podía ir a prisión. La carga de la prueba se invirtió y teníamos que demostrar que nuestros clientes eran inocentes», dijo. También acusó a Subirán de haber tergiversado las declaraciones de los testigos durante las pesquisas.

También compareció una extrabajadora de Tito’s que fue citada a declarar por los investigadores del caso Cursach y aseguró haber sido amenazada «con ir al calabozo» tras asegurar que no sabía nada de las fiestas con drogas y prostitutas para policías locales en la discoteca de Cursach. «Decían que mentía porque otros compañeros habían declarado sobre eso. Me enseñaron caras de algunos policías, pero yo no conocía a nadie», afirmó. También detalló que le preguntaron por un prostíbulo de Palma del que fue encargada y al que, según los investigadores, habrían acudido Gijón y Rodríguez. «Me enseñaron una agenda, pero no coincidía nada», aseguró. A preguntas del abogado de Penalva y Subirán, aseguró que el acta de su declaración recogió fielmente sus palabras.

Por su parte, el abogado José Manuel Madroñero, que representaba a José María Rodríguez, afirmó que en el caso Cursach «no se corroboraba lo que decían los testigos y se les daba plena credibilidad». «Había asuntos de los que nos enterábamos antes por la prensa que por el procedimiento judicial. De Gijón y Rodríguez se ha dicho de todo, pero luego obviamente no se comprobaba nada», aseguró.

Finalmente, un perito contratado por Álvaro Gijón detalló por qué cifra el daño reputacional padecido por el expolítico en cerca de un millón de euros, basado en las noticias aparecidas sobre él. Sus métodos y conclusiones fueron muy cuestionados por las defensas, la abogada del Estado y el propio tribunal.

Suscríbete para seguir leyendo