José María Rodríguez señaló este viernes a Penalva y Subirán como títeres de una mano negra dedicada a acabar con él. Según la teoría de la conspiración planteada en el juicio por el antiguo mandamás del PP -condenado por corrupción en el caso Over-, el juez y el fiscal «obedecieron a pies juntillas a una trama política» y «montaron» las acusaciones contra él «sin investigar nada». «Si les queda algo de decencia, me gustaría que dijeran quién es el artífice de esta trama», afirmó en su declaración como testigo en el juicio contra los investigadores del caso Cursach.
Enfundado en el papel de víctima, Rodríguez dijo que supo «por la prensa» de su implicación en el caso ORA por el supuesto cobro de un soborno de 1,2 millones junto a Álvaro Gijón, que negó tajante: «Yo no recibí ninguna cantidad». «Si hubieran investigado las acusaciones, habrían visto que eran falsas. Pero lo que hacían era filtrar noticias a la prensa. Cada día había un titular», declaró Rodríguez. Dijo no comprender por qué la Policía y el juzgado «nunca» le citaron a declarar por esos presuntos sobornos. «Yo ni sabía que había un concurso de la ORA», aseguró.
También se refirió a las acusaciones de la madame, que lo situó en sus declaraciones en fiestas con prostitutas y drogas. «Se publicaba que yo iba a orgías pagadas por Cursach. Pero no se investigaba», lamentó.
A la teoría de la conspiración política se sumó también José Ramón Orta, miembro del PP y abogado que asistió a Álvaro Gijón cuando fue imputado. «Fue una cuestión puramente política. Se intentaba descabezar al PP de Palma. ¿Quién urdió todo esto? Les ha salido bien. Ni Gijón ni Rodríguez están en política», dijo, citando al PSOE y algunos de sus cargos como «posibles autores intelectuales». Planteó también otra tesis alternativa, según la cual Penalva pretendía sustituir al juez Castro como «estrella mediática». Orta criticó también que los investigadores tenían «un relato preconcebido con testigos falsos» y «no tenían intención de aclarar los hechos».
Durante la sesión del viernes concluyó la declaración de Álvaro Gijón, que insistió en que nunca intentó «ocultar» nada y justificó su petición de indemnización de 950.000 euros: «El daño social que nos han hecho a mí y a mi familia no se va a recuperar». «Si pudiera volver a la política, volvería. Pero yo no le hago bien al Partido Popular», dijo, autodefiniéndose como «tóxico» por las imputaciones que pesaron sobre él.
También compareció un perito que valoró el perjuicio para la empresa Roig por su implicación en el caso ORA, en cuyo informe se basa el empresario para reclamar una compensación millonaria. Sus conclusiones fueron muy cuestionadas por las defensas, la Abogacía del Estado y el tribunal.
