Unas deficiencias en el decreto que suprime el impuesto de Sucesiones señaladas por los restantes grupos políticos

Los asesores fiscales no son los únicos que han lamentado las deficiencias detectadas en el decreto ley que el Govern aprobó para suprimir el impuesto de Sucesiones entre padres e hijos, abuelos y nietos, y entre cónyuges, ya que este mismo problema fue apuntado por los grupos políticos de la oposición en el Parlament, e incluso desde Vox, socio del PP, se señaló que se debía de mejorar el redactado de la medida.

Este hecho es lo que ha abierto la esperanza de que durante la tramitación de la medida como proyecto de ley se apruebe finalmente por el Parlament un texto que suprima los fallos que algunos han detectado y que achacan a la celeridad con la que se quiso aprobar esta medida, al tratarse de una promesa electoral del PP a la que se dio una especial relevancia. Alguna de estas deficiencias ha llegado a ser calificada como «error garrafal» y «catástrofe» por algunos expertos.

Hay dos aspectos que están centrando las críticas, al margen del descontento que en la oposición genera una medida que se considera que beneficia especialmente a los más ricos y que recorta los ingresos de la Comunitat Autónoma.

Uno es la exigencia de que las viviendas que se reciben en herencia se registren con su valor de referencia catastral y no de mercado para evitar el pago de Sucesiones, al considerar que eso va a penalizar posteriormente en caso de venta el pago del IRPF.

El segundo es que se señale que esa gratuidad se aplicará a «los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir», es decir, a los residentes en España, excluyendo según este texto a los que viven en el extranjero.

Suscríbete para seguir leyendo