El Pacto autorizó más de 3.000 nuevas viviendas en suelo rústico

El Govern del Pacto autorizó más de 3.000 nuevas viviendas en suelo rústico en Mallorca durante los últimos ocho años, lo que supone el 48% de las licencias otorgadas en este tipo de construcciones desde el año 2003. Según datos recogidos por el Consell, institución encargada de facilitar los correspondientes permisos, entre 2015 y 2023 se aprobaron un total de 3.137 nuevas casas en espacios rurales.

En este mismo periodo, el departamento de Urbanismo del Consell registró un total de 4.280 solicitudes. Para la construcción de nueva planta y psicinas en suelo rústico es imprescindible un informe favorable y autorización del Consell de Mallorca, encargado de dar el visto bueno a los ayuntamientos para otorgar la licencia de construcción.

Informe favorable

Sin recibir este tipo de autorización, ningún ayuntamiento puede dar la licencia de construcción. En el caso de reformas y ampliaciones de viviendas ya existentes si son de exclusiva competencia municipal, pero en los datos analizados tan sólo se contempla las nuevas edificaciones.

Entre el año 2019 y 2023, los informes favorables del Consell para la construcción de casas de nueva planta llegaron a 2045, lo que supone un 31,44% de los últimos 20 años. En el periodo comprendido entre el 2015 y 2018 fueron 1.092 autorizaciones, lo que se traduce en un 16,7% de las licencias favorables. De esta forma, entre ambos espacios de tiempo se dieron permiso al 48% de las viviendas de nueva planta construidas en los últimos 20 años en Mallorca. Uno de los datos llamativos en las construcciones entre 2015 y 2023 es que el 90% de estas nuevas viviendas incorporaban una piscina. Respecto a periodos anteriores, los datos reflejan como poco a poco la demanda de construcción en suelo rústico se ha ido incrementando hasta llegar a las cifras actuales.

En este sentido, entre 2003 y 2006 se recibieron 1387 solicitudes y en el periodo 2007-2010 aumentaron hasta las 1430. En los años comprendidos entre 2011 y 2014 se produce una gran caída de la demanda, vinculada a la gran crisis económica e inmobiliaria que atravesó España, situándose en tan solo 654 solicitudes. No obstante, este descenso se rompió a partir del año siguiente, y entre 2015 y 2018 se anotaron 1622 peticiones. Finalmente, entre el 2019 y 2023 el número de solicitudes aumentó de forma significativa hasta llegar a las 2658. Asimismo, en lo que llevamos de 2023, contabilizado hasta el mes de julio, el Consell ha recibido 7751 soliticutes de las cuales se han resuelto con informes favorables un total de 6502.

Por lo que respecta al perfil de las personas que solicitan la construcción de nuevas viviendas en suelo rústico, fuentes del Consell aseguran que la mayoría son residentes, con un terreno en ‘fora vila’ que suele proceder de herencias familiares. No obstante, también apuntan a que también puede haber detrás capital extranjero que compra este tipo de terrenos a los residentes una vez la vivienda ha sido construida. Por otro lado , según defienden los técnicos del Consell, el incremento de solicitudes respecto a la edificación en suelo rústico está relacionada con los cambios de normativa urbanística que se han producido en los últimos años.

En este sentido, apuntan hacia un «efecto llamada» donde los propietarios de parcelas, ante posibles normativas «restrictivas», pueden perder los derechos edificables de sus terrenos y solicitan licencia para conservarlos. Así,en 2017 y 2018 se produjo un repunte en los permisos. Desde la perspectiva de los expertos, es un incremento que se atribuye a la posibilidad de aumentar la parcela mínima para construir, que actualmente está fijada en 14.000 metros cuadrados.

Modificación de la normativa

También lo relacionan con la derogación de la disposición transitoria de la Ley 2/2014 de Ordenación de Uso del Suelo, que permitía a las casas en suelo rústico fuera de ordenación poder legalizarse, ofreciendo un plazo de tres años.

En el 2020, con la crisis sanitaria derivada de la covid, se produjo también una disminución. Sin embargo, una vez finalizada la pandemia, a partir de ese mismo año se recibe una oleada de solicitudes para construir derivado de la aprobación por parte del Govern del decreto 9/2020 .Una normativa de medidas urgentes en materia urbanística. Dicho decreto reducía del 3% al 1,5% la superficie edificable en las parcelas de suelo rústico. Asimismo, se limitaba la superficie de ocupación de piscinas a solamente 35 metros cuadrados.

El Govern del Pacto siempre se mostró muy crítico respecto a la construcción de viviendas en estos espacios rurales. En este sentido, el Consell de Govern llegó a a aprobar en diciembre de 2022 un «frenazo urbanístico» para que los ayuntamientos no pudieran autorizar nuevas urbanizaciones si contaban con suelo urbano sin construir.

Una medida para evitar crecimientos expansivos de grandes chalets. No obstante, cabe recordar que si el propio Consell ofrece la autorización y el informe favorable, los ayuntamientos no tienen competencia para poder detener dicha construcción.

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