La consellera de Vivienda se reunió con un intermediario del fondo vinculado con Metrovacesa

La conselleria de Vivienda confirmó que Marta Vidal se reunió en persona con un intermediario del fondo privado vinculado con el caso Metrovacesa. En este sentido, desde el departamento explicaron que el encuentro se produjo antes de que Vidal fuera nombrada consellera y que «en ningún momento» se habló de este expediente. 

Una información que ratificó la propia Vidal en la entrevista concedida a este diario. «Me llamó un día porque quería hablar conmigo porque tenía unos cuantos temas más sobre los que hablar. Expedientes jurídicos para llevar yo. Este señor y yo quedamos cuando Prohens no era presidenta y era un rumor que yo podía ser consellera. Me sacó el tema de Metrovacesa. Yo no sé ni a quién representa. Ni lo sabía entonces ni lo sé ahora».

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En la misma conversación con este periódico detalló que, durante su etapa como abogada, tuvo una relación profesional con este intermediario. «Yo soy abogada y hay un señor, que es libre, que trabaja y hace cosas. Me contrató hace un año y medio para llevar un expediente de una revocación de oficio de Felanitx. Un expediente puramente jurídico que llevaba mi despacho». 

De esta forma, la Conselleria admite que la conversación entre Vidal y el intermediario vinculado al fondo privado AEW fue en persona y no por teléfono, pese a que el vicepresidente y portavoz del Govern, Toni Costa, apuntó lo contrario el pasado 21 de julio tras un Consell de Govern. Según explicó , a consecuencia de la publicación de su nombre como posible consellera, Vidal recibió multitud de llamadas pidiendo reuniones. Entre estas estaba la de un representante de AEW. 

El vicepresidente aseguró que todos recibieron la misma respuesta: que se pusieran en contacto con la conselleria, enviaran un correo electrónico y pidieran una cita con la futura consellera. En aquel momento el Govern dejó claro que la reunión con el fondo privado no se produciría, refiriéndose a un encuentro posterior pese a que Vidal reconoció en la entrevista que sí se citó con el intermediario cuando era abogada.

«Fondos buitre»

El PSIB se mostró muy crítico respecto al caso Metrovacesa y acusó a Vidal de mentir sobre su relación con el fondo privado. «En su momento negó que tuviera relación con fondos buitre y hoy reconoce públicamente en los medios que se reunió con un intermediario que le sacó el caso de Metrovacesa antes de que fuera consellera», declaró Mercedes Garrido, diputada socialista en el Parlament. 

De igual modo, volvieron a pedir la comparecencia inmediata de la consellera en el Parlament e insinuaron que la presidenta del Govern, Marga Prohens, podría estar involucrada en este asunto. «Nos preguntamos si Prohens conocía la relación de Marta Vidal con el intermediario de los fondos buitre, de hecho fue una de las primeras decissiones que se tomaron cuando llegó al poder. Quizá lo sabía o salió de ella llevar a cabo esta retroacción, tienen que rendir cuentas a la ciudadanía», concluyó Garrido. 

El PP defiende que es «una operación ruinosa con un sobrecoste del 40%»

El Partido Popular defendió que la compra de 88 viviendas de Metrovacesa promovida por Armengol para alquiler social es «una operación ruinosa con un sobrecoste del 40%». A través de su cuenta de Twitter, los populares explicaron que el proyecto «no cumplía con los criterios del Ibavi. Muchos nervios y ganas de desviar la atención cada vez que se habla».

En esta misma línea, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, defendió que «lo que tendría que aclarar el PSOE es qué intereses tenía Francina Armengol para querer comprar sólo 88 viviendas de protección oficial con 26 millones de euros. En funciones, nocturnidad y precio de canario joven».

Por su parte, la secretaria general del partido en las islas y diputada Sandra Fernández, también criticó a los socialistas. «Lo que tendrían que hacer es dar explicaciones por una operación tan dudosa y con tantas deficiencias, que se ha tenido que enviar a la fiscalía para que se investigue». El Govern revocó la adquisición de estas viviendas tras apreciar «irregularidades sustanciales» en el expediente «que suponen la nulidad del acuerdo de compra». En concreto, se refirieron a informes jurídicos desfavorables

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