Las primeras decisiones de Marga Prohens auguran una legislatura agitada

Las primeras decisiones del Govern que lidera Marga Prohens auguran una legislatura agitada. El nuevo curso parlamentario se ha iniciado con la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que conllevará además una importante reforma fiscal que se incluirá dentro del proyecto de ley que se está tramitando, ha provocado duras críticas por parte de los partidos de izquierdas porque consideran que Prohens «comienza beneficiando únicamente a los ricos». Incluso han registrado más de mil preguntas entre PSIB y Més per Mallorca para conocer cada detalle de la medida estrella, lo que ha generado cierta molestia entre los ‘populares’ porque consideran que es «innecesario».

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Desde el entorno de la expresidenta Francina Armengol comparaban esta semana las primeras decisiones de Prohens con las tomadas en 2015, cuando comenzó a gobernar la izquierda: derogación de la Ley de Símbolos, desistimiento de la implantación del TIL, el restablecimiento del derecho a la sanidad universal gratuita, aumento de recursos para la renta mínima de personas desfavorecidas o el requerimiento para convocar Comisión Mixta con el Estado para tratar financiación e inversiones para Baleares.

Prohens ha comenzado la legislatura decidida a revertir las políticas de la izquierda y cuenta con una ventaja importante respecto a sus compañeros barones de otros territorios: ha sido la única que ha conseguido formar un gobierno autonómico sin incluir a consejeros de Vox. Solo queda la Región de Murcia, que está avocada a nuevas elecciones. Para ello tuvo que pactar un acuerdo de 110 medidas en las que están incluidas una gran parte de las principales reivindicaciones de la ultraderecha, aunque la presidenta del Govern sigue defendiendo que una parte importante de los compromisos adquiridos ya estaban incluidos en su programa electoral, desde la libre elección de lengua en todas las etapas educativas hasta la derogación de la leyes de Memoria Democrática y Trans. Todo ello con un detalle importante: necesita los votos a favor de Vox para sacar adelante cualquier norma.

Sus socios ya han avisado de que, a partir de septiembre, el Ejecutivo autonómico deberá acelerar la implantación de lo acordado. Una de las incógnitas más relevantes es la puesta en marcha de la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, que estará dirigida por una persona de Vox. Después de que el ayuntamiento de Palma haya decidido modificar la normativa lingüística después de 30 años ―el reglamento de Normalización Lingüística fue aprobado por el PP en 1987― para que la administración atienda a los ciudadanos y les ofrezca información en catalán y en castellano. Desde el entorno de Armengol también recuerdan que, justo al entrar en el Consolat, se restableció el catalán como requisito para acceder a la función pública y se reingresó en el Institut Ramon Llull.

También habrá un debate bronco cuando se tramite la nueva ley de Turismo que prepara el Govern y que eliminará la moratoria de plazas implantada por el Pacto. Este viernes se produjo una avalancha de turistas que colapsó las entradas de Palma y pueblos como Sóller, una situación que la izquierda aprovechó para reivindicar la necesidad de un decrecimiento y replicar a Prohens que las islas no pueden asumir este número de visitantes.

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