Investigan a cinco agencias de viajes de Baleares por repartirse un contrato millonario

cinco agencias de viajes de Balears están siendo investigadas por el supuesto reparto de un contrato millonario suscrito por el Estado. Se trata del denominado contrato Cora, que representa una adjudicación pública de más de 300 millones de euros para financiar los desplazamientos de los funcionarios, tanto a destinos nacionales, como extranjeros. Las empresas investigadas son Sekai Corporate Travel, Gestión de viajes deneb, Avoris Corporación empresarial, viajes Ecuador y viajes Halcón.

Esta investigación está en su fase preliminar. La lleva a cabo la Comisión Nacional de la Competencia, que investiga si los directivos de estas agencias turísticas se pusieron de acuerdo antes de presentar la oferta para optar a esta contratación pública. Este organismo del Estado está buscando posibles prácticas anticompetitivas, que habrían consistido en el acuerd o de manipulación y reparto de las licitaciones públicas. Estas ofertas se habrían presentado a través de una única empresa, que englobaría el resto de agencias de viajes que están domiciliadas en Balears.

Los investigadores, que todavía no han adoptado ninguna medida sancionadora, solicitaron a un juzgado de Palma una orden que autorizara el registro de las oficinas. El juzgado de lo contencioso atendió la petición de la Comisión de la Competencia y autorizó el registro de las sedes de estas empresas. El objetivo de esta petición era buscar pruebas documentales sobre supuestas reuniones entre directivos de diferentes empresas, para ponerse de acuerdo para optar a esta contratación pública.

Las empresas turísticas han intentado que se declare la nulidad de este registro. Las agencias denunciaron una situación de indefensión, entre otras cosas porque desconocían el objetivo concreto de esta investigación preliminar. Sin embargo, en una reciente resolución se ha decidido ratificar la legalidad del registro, entre otras cosas, porque esta medida había sido previamente valorada por el juez que autorizó la entrada en las oficinas.

La información recogida en este registro forma parte de las pruebas en un expediente preliminar, que podría terminar en una propuesta de sanción. Los investigadores están intentando identificar a los presuntos infractores de estas prácticas que irían en contra de las normas europeas que defienden la competencia empresarial. Se pretende identificar a los directivos que habrían intervenido en esta licitación y concretar su nivel de participación en este reparto, supuestamente ilegal, del contrato suscrito con el Estado.

El objeto del denominado contrato Cora es la prestación del servicio de agencia de viaje para los funcionarios del Estado. El adjudicatario se encarga de la información, asesoramiento, reserva, confirmación y la expedición de los billetes. En definitiva, se trata de un contrato que centraliza la gestión de los desplazamientos y pernoctaciones que realizan los funcionarios de los diferentes ministerios, organismos o entidades públicas.

Según se especifica en las condiciones de la licitación, la adjudicataria de este contrato público tiene que encargarse del servicio de transporte de los funcionarios. El servicio abarcaría los viajes regulares nacionales e internacionales, que se realicen en avión, tren, autobús, barco o incluso helicóptero. También se debe gestionar el servicio de alojamiento en los viajes y el alquiler, si fuera necesario, de los desplazamientos.

En esta licitación pública, cuyo montante anual es de alrededor de unos 300 millones de euros, también obliga a los organizadores de los viajes a que se encarguen de la gestión para obtener visados internacionales y facilitar la información sobre los requisitos sanitarios en cada destino.

La Comisión Nacional de la Competencia actuó a raíz de la denuncia de una empresa del sector turístico, que comunicó sus dudas sobre el amaño en la licitación de este importante contrato, ya que varios directivos se habrían puesto de acuerdo para realizar una oferta conjunta que prácticamente aseguraría la adjudicación de este servicio.

En estos momentos los investigadores están analizando en profundidad los documentos y pruebas que fueron intervenidos en el registro en las oficinas de estas empresas en Mallorca. De momento no se ha tomado ninguna decisión sobre la posible propuesta de sanción, ya que la investigación se encuentra en su fase preliminar.

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