El Obispado de Mallorca admite una demora de casi tres años en resolver los abusos de su sacerdote pero no pide perdón como los Jesuitas

El Obispado de Mallorca reconoce una demora de casi tres años en resolver el proceso penal interno contra un sacerdote de la diócesis, J.C., tras la denuncia por abusos sexuales contra él presentada por una mallorquina de unos 50 años. La institución eclesiástica admite en un comunicado difundido ayer que aunque recibió la denuncia en septiembre de 2020, la sentencia «por diferentes causas se ha prolongado en el tiempo», sin explicar las razones. 

A raíz de la publicación del caso en Diario de Mallorca, que afecta también a dos jesuitas, Luis Añorbe y Fernando Meseguer, que estuvieron destinados en el colegio palmesano en Montesión, el Obispado dice que en breve habrá una resolución sobre el capellán diocesano J.C. Al contrario que los Jesuitas, que han reconocido de inmediato los abusos ocasionados por sus dos religiosos, los han condenado y han pedido perdón públicamente a la víctima por el «grave sufrimiento» generado, la Iglesia de Mallorca no se pronuncia sobre las acusaciones contra J.C ni tampoco se disculpa ante la víctima.

La mujer, que padece un grave trastorno psíquico, denunció los abusos de estos tres sacerdotes ante el tribunal eclesiástico a finales de 2020, y en junio de este año lo planteó además ante la justicia ordinaria. 

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Tras expresar su condena contra cualquier abuso y violencia y su compromiso con las víctimas, el Obispado explica que cuando recibió la denuncia contra el presbítero diocesano y los dos miembros de la Compañía de Jesús investigó y adoptó medidas cautelares contra su sacerdote, J.C., si bien aún se está a la espera de la resolución definitiva.

El proceso respecto a los segundos se trasladó a sus superiores, porque el tribunal de la diócesis solo es competente sobre el presbítero. Respecto a éste, se inició una investigación previa que se remitió a la Congregación de la Doctrina de la Fe de Roma, organismo encargado de tramitar estas causas penales y a cuyo frente está el cardenal mallorquín Luis Ladaria, aunque será relevado en el cargo en septiembre. 

El obispo, Sebastià Taltavull decidió, de forma cautelar, prohibir al denunciado el ejercicio público del sacerdocio y estableció sobre él un «seguimiento psicológico» y una «seria dirección espiritual».

Este sacerdote no tenía ningún cargo pastoral, destaca el Obispado, que indica que el proceso administrativo trasladado a Roma se ha demorado «por diferentes causas» que no detalla.

«Restamos pendientes de la resolución judicial final, que según las noticias que tenemos es próxima», añade.