Balears ya gestiona las competencias de Costas

El Govern ya gestiona las competencias de Costas desde este 1 de julio. El Ejecutivo autonómico ha dotado doce nuevas plazas de funcionarios para asumir este traspaso, unas plazas que se suman a las 18 procedentes del Estado y a las ocho que ya forman parte de la Dirección General de Territorio y Paisaje. Eso hará que la dotación total de este nuevo departamento de Costas sea de 38 personas.

Las nuevas funciones del Govern se centran en las autorizaciones y declaraciones responsables en las zonas de servidumbre del suelo rústico; las concesiones, con el objetivo de poner al día las peticiones en dominio público; la determinación de las obras que no sean de interés general; y la actuación inspectora y sancionadora.

La obtención de estas competencias es una reclamación histórica de las islas. Eso sí, la realidad es que el Ejecutivo balear realizará la gestión mientras que el Gobierno central seguirá cobrando el canon de las concesiones como chiriguitos, bares o kioskos. En el Govern desconocen el montante de la recaudación, pero creen que es millonaria y supera con creces los 1,3 millones anuales que transferirá el Estado a Balears por el traspaso de la competencia. En los 1.500 kilómetros de litoral que hay en las islas se calculan centenares de concesiones efectuadas por Costas y que pagan un canon anual en función de la ocupación.

"Estafa"

Precisamente, El Pi ha remarcado este sábado que este traspaso de competencias es “una estafa” porque se trata de una transferencia “parcial” en la que el Estado se quedan con la capacidad de decisión. “No puede ser que el Estado se reserve el derecho del cobro del canon por ocupación y explotación de instalaciones en la costa. Es decir, Balears tendrán que hacer el trabajo y el Estado se llevará el dinero”, ha criticado el presidente de El Pi, Tolo Gili. Desde la formación regionalista han lamentado que el traspaso no sea total: “El Estado se reserva el cobro del canon de empleo, la decisión final de las concesiones y planificar los proyectos de interés general. “Este traspaso de competencias es una estafa y una vergüenza. El Estado se queda prácticamente todo el poder de decisión y se quedará con el dinero. En definitiva, la comunidad tendrá que hacer el trabajo y el Estado se embolsará el dinero”, ha insistido Gili.