Los promotores piden una nueva ley balear de vivienda y «romper» la estatal

Los promotores inmobiliarios tienen claras sus prioridades a la hora de exponer a la próxima presidenta del Govern, previsiblemente la ‘popular’ Marga Prohens, las necesidades del sector para impulsar la vivienda asequible. La primera es aprobar una ley balear, que pase por encima de los planeamientos municipales si es necesario, para agilizar la tramitación del suelo urbanizable ya existente, especialmente en Palma y Calvià, y permitir en algunas zonas más alturas y residencias más pequeñas. La segunda es ayudar a «romper y empezar de cero porque no tiene por donde cogerla» la ley de vivienda estatal, según pone de relieve el presidente de la patronal que agrupa a este sector (Proinba), Luis Martín.

Las prioridades expuestas por el máximo responsable de la asociación de promotores son compartidas por la gerente de la patronal balear de constructores, Sandra Verger, al subrayar ambos que el principal problema a afrontar es la escasez de inmuebles a precio asequible. En este sentido, Martín afirma que las islas «necesitan viviendas por menos de 300.000 euros, y hacen falta muchas y con urgencia».

No consumir más suelo

El presidente de Proinba apunta que de entrada no se busca volver a calificar los suelos que fueron desclasificados por el anterior Ejecutivo de Francina Armengol, sino aprovechar los terrenos urbanizables ya disponibles, pero cuyo desarrollo se está viendo frenado por la lentitud en las tramitaciones y, en el caso de los municipios con mayor demanda residencial, como son Palma y Calvià, por el estado en el desarrollo de sus nuevos planes generales.

El presidente de los promotores señala que existen precedentes de legislaciones autonómicas que pasan por encima de la planificación municipal, y en este aspecto recuerda la denominada Ley Carbonero y sus reservas de suelo con Francesc Antich como presidente del Govern.

Por ello, reclamará a la futura presidenta autonómica un cambio en la legislación balear que permita agilizar el desarrollo de nuevos inmuebles cuyo valor esté al alcance del bolsillo de los residentes.

Además, apunta que para lograr este objetivo es necesario contemplar en algunas zonas un cambio en las alturas y densidades permitidas, de forma que el impacto del valor del suelo sea menor en cada vivienda. Se trata, según se pone de relieve, de que quepan en cada edificio un mayor número de residencias.

Pero como se ha indicado, los promotores reivindican que Balears no solo no aplique la ley de vivienda estatal en los aspectos que dependen de ella, sino que además se pide ayuda para «tumbarla». En este sentido, se reconoce la esperanza de que las próximas elecciones generales de julio supongan también un giro en esta materia. Para Luis Martín, esa normativa nacional es extraordinariamente negativa y es necesario «cargársela».

Sandra Verger comparte estas reivindicaciones, y destaca que para poder sacar al mercado con agilidad un mayor número de residencias resulta imprescindible la colaboración público-privada. Como Martín, defiende que la agilización de trámites resulta fundamental, y recuerda que Balears es una de las comunidades autónomas en las que más se demora la obtención de una licencia.

Petición de constructores

Sin embargo, no es la única reclamación que los constructores pretenden presentar a los próximos gobiernos de las instituciones isleñas. En la lista añaden la necesidad de mejorar las infraestructuras vinculadas a la movilidad, con una actuación en la red viaria en la que se incorpora la prolongación del segundo cinturón de Palma para ayudar a descongestionar la vía de cintura.

A ello suma la necesidad de mejorar otras instalaciones, como las depuradoras, especialmente en una autonomía turística.

Sandra Verger añade dos puntos. Uno es que el nuevo Ejecutivo siga apostando por la formación profesional en el sector para combatir la escasez de mano de obra cualificada que existe, incluyendo la posibilidad de sumar a las personas en desempleo.

La segunda es que las Administraciones acepten revisar el presupuesto de los proyectos cuando se sacan a concurso para tener en cuenta el encarecimiento de los materiales.

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