La Policía Local de Palma, a través de agentes que pertenecían a la unidad SIAP (grupo de asuntos internos), realizó labores de espionaje a una destacada política del Partido Popular de Balears destacada política del Partido Popular de Balears durante 2011-2015, según fuentes de la Policía Nacional.
Se trata de Raquel Sánchez Collado, que además de actual concejal en el ayuntamiento de Calvià, consellera en el Consell de Mallorca, preside en estos momentos la comisión de asuntos jurídicos del Partido Popular de Mallorca. Es decir, por su condición de abogada en ejercicio, es una de las máximas responsables de la asesoría política del partido.
La imagen de esta política de Calvià aparece en unas grabaciones que realizaron agentes de esta unidad policial, que actuaba bajo las órdenes del excomisario y antiguo número dos del cuartel de San Fernando, Rafael Estarellas, que figura como imputado en la causa de la trama policial. A pesar de que una de las integrantes de esta unidad, la agente Francisca García Castro, una de las personas de máxima confianza del comisario, intentó deshacerse de estas grabaciones, el Grupo de Blanqueo de la Policía ha logrado recuperarlas.
La grabación aparecía incluida en un archivo electrónico que la agente de la Policía Local de Palma intentó borrar del ordenador que tenía en el cuartel de San Fernando. Sin embargo, todo este material informático ha sido recuperado por los investigadores y es una prueba más de que la Policía Local, con la excusa de que era necesario crear una unidad de asuntos internos, para investigar a los agentes del cuartel de San Fernando, en realidad lo que hacía era labores de espionaje o seguimientos ilegales de determinadas personas. Los agentes que formaban esta unidad son funcionarios próximos al Partido Popular, como se ha podido constatar en la investigación policial, y se sospecha que se dedicaban a reunir toda esta información para después utilizarla como material de extorsión.
La imagen de la asesora jurídica del PP de Balears no es la única prueba que demuestra estas funciones de espionaje que se realizaban desde la unidad policial de Palma. También se han recuperado pruebas sobre la investigación que se realizó alrededor de una médico y del sacerdote del Ejército.
Para aclarar todas las dudas que aparecen alrededor de este caso, el juez Florit ha citado a declarar, a petición de la fiscalía Anticorrupción, a la agente Francisca García, que tendrá que comparecer el próximo día 2. Esta agente de la Policía Local era quien tenía en su poder los dos archivos encriptados, encontrados en el propio cuartel de San Fernando, en los que se cree que almacenan todos estos servicios de espionaje. La mujer llegó a ingresar en prisión, junto al comisario Estarellas.
Tras negar que la Policía Local de Palma dispusiera de una unidad de seguimientos ilegales, se comprometió a facilitar las claves para poder acceder a estos archivos encriptados. Sin embargo, la numeración que facilitó resultó ser falsa. A pesar de los intentos de los informáticos de la Policía para poder acceder a los archivos secretos, no se ha conseguido averiguar la clave de acceso.
Estas labores de espionaje se habrían producido en la anterior legislatura municipal, bajo el mandato del PP.
Los Bustamante
Otros archivos recuperados se refieren a la grabación que la Policía Local de Palma, sin dar cuenta al juez, realizó sobre las entrevistas que mantuvieron varios policías con un integrante del clan de los Bustamante. El testigo denunció que un policía se queda con una parte del dinero del trile. El juez nunca tuvo conocimiento de estas grabaciones. El juzgado abrió una investigación sobre el agente que se señalaba en la denuncia. Sin embargo, el caso se archivó por falta de pruebas, pero podría reabrirse.
