La fiscalía Anticorrupción asegura que la Policía Local de Palma creó una unidad de espionajepara realizar seguimientos, sin control de ningún tipo, a empresarios, políticos y miembros de la carrera judicial y fiscal. Es decir, que se espiaba ilegalmente a jueces y fiscales, para buscar información personal e íntima sobre ellos para posteriormente utilizarla para extorsionarles.

Se trata de la unidad SIAP, creada inicialmente como una especie de grupo de asuntos internos dentro de la Policía Local de Palma, dirigida por el entonces comisario Rafel Estarellasgrupo de asuntos internos dentro de la Policía Local de Palma, dirigida por el entonces comisario Rafel Estarellas, imputado en la causa principal de la trama de la corrupción policial. El comisario intregró en su grupo a personal de su máxima confianza.

Esta semana el juez Florit ha decidido abrir una pieza separada con el fin de llevar a juicio este caso de espionaje. En esta causa paralela incluye, además de a Rafel Estarellas, a la que era su secretaria, Francisca García, así como a otro agente, vinculado a un conocido sindicato, Antonio Sastre.

La fiscalía teme que estos seguimientos a jueces ,fiscales y políticos no se realizaba a iniciativa propia de la Policía Local, sino que se cumplían órdenes de alguien que se situaba en la jerarquía política. En concreto se sospechaba que el que daba las órdenes era el entonces presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, si bien es cierto que no hay ninguna prueba que lo vincule directamente con esta unidad de espionaje.

Lo que sí se puede demostrar, por el rastro informático que dejó, es que uno de los agentes de esta unidad consultó en la base de datos del Ayuntamiento de Palma, sin razón oficial, ni orden judicial, información personal y familiar de una mujer llamada Margarita Gayá. Esta persona, ya fallecida, ocupaba un alto cargo de Cort. De hecho, era la secretaria personal del entonces alcalde de Palma, Mateo Isern. También se realizaron consultas en las redes sociales y se localizaron fotografías sobre familiares de esta mujer.

Según afirma el fiscal Subirán, el comisario Estarellas organizó un operativo para investigar al hijo de la secretaria del alcalde. En el plan participó el agente Antonio Sastre, que se encargó de tomar fotografías del menor, que fue localizado fumando porros junto a un grupo de amigos, en un parque próximo al instituto en el que estudiaba. Tras tomar fotos la Policía Local levantó un acta de incautación de drogas. Sin embargo, el acta oficial no se cursó. Es más, se destruyó. Lo que se guardó fue una copia escaneada, hallada en el ordenador de la secretaria del comisario.

La fiscalía imputa cinco delitos a estos tres policías. Les acusa de prevaricación, de un delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio cometidos por funcionarios públicos. También se les acusa de un delito de drogas,, así como otro delito de alteración, destrucción u ocultación de documentos oficiales.