El juez Miguel Florit ha decidido abrir una pieza separada para investigar el caso de la presunta trama de espionaje dirigida desde el cuartel de San Fernando. El magistrado ha aceptado el escrito que presentó el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, que solicitó que se abriera una pieza separada al entender que esta investigación se podía juzgar independientemente de la causa principal sobre la corrupción en la Policía Local.
En el auto del juez se incluyen tres nombres. Se trata de los tres policías que está previsto que se sienten en el banquillo de los acusados para defenderse de graves delitos. Nombres en los que figuran el que fue el segundo máximo responsable del cuartel de San Fernando en la anterior legislatura. Se trata del excomisario Rafael Estarellas, que aparece también implicado en la causa principal de la trama policial. El juez también vincula en esta pieza separada a la que fue secretaria del comisario, la agente Francisca G., y al también policía Antonio S.
Todos los hechos están relacionados con la actuación del denominado grupo SIAP. Se trataba de una unidad especial que se creó para investigaciones internas, si bien se sospecha que en realidad era un grupo que se dedicaba a realizar seguimientos a determinadas personas.
La prueba principal que tiene la acusación es un expediente que se encontró en un cajón de un despacho de San Fernando. Este expediente nunca se tramitó y se refería a un atestado de una actuación contra el hijo menor de la exsecretaria del alcalde Isern. Este menor fue sorprendido fumando droga en un parque, junto al instituto. La Policía Local organizó un amplio dispositivo para esta actuación, que incluso fue grabada en vídeo. Sin embargo, pese a que se había intervenido droga a un menor, jamás se informó ni a sus padres, ni al instituto. En el expediente apareció información privada de la familia de la secretaria del alcalde, como matrículas de coche o fotografías personales.
Además de este expediente olvidado en un cajón, también se localizaron varios dispositivos electrónicos, cargados de información, que no se pudieron abrir porque tenían una clave encriptada. Estos documentos informáticos los guardaba la secretaria del comisario. Esta mujer facilitó a la Policía una clave falsa, por lo que no se ha podido acceder a los documentos encriptados. Sin embargo, los investigadores sospechan que almacenan información sobre seguimientos a políticos, jueces y fiscales. La Policía cree que detrás del control de este grupo de espionaje se encontraba José María Rodríguez, expresidente del PP de Palma.
