El Grupo de Blanqueo de la Policía ha entregado un nuevo informe al juzgado, en el que se confirma que la Policía Local de Palma. Este informe ha sido incorporado a la pieza separada que ha abierto el juez Florit para averiguar las actividades, supuestamente ilegales, que se realizaron desde la unidad SIAP, un caso en el que aparecen imputados el excomisario Estarellas y dos agentes de su máxima confianza.
Estas nuevas averiguaciones policiales se asientan en los datos informáticos que se han podido recuperar del ordenador de una de las agentes. En concreto, se trata de Francisca García, que actuaba como secretaria del comisario y era la agente que tenía en su poder los archivos encriptados, a cuyo contenido todavía no se ha podido acceder, y de los que se sospecha que contienen información sobre seguimientos de fiscales, jueces, políticos y empresarios de Mallorca. El juez ha citado a esta agente para que explique el contenido de los correos que intentó eliminar y que se han recuperado.
Antes de que se iniciara esta investigación sobre las actividades de este grupo, la responsable del ordenador realizó un barrido informático de todos los correos electrónicos que había escrito, intentando que desaparecieran los archivos y los vídeos que había enviado a diferentes cuentas electrónicas. Los técnicos informáticos de la Policía han conseguido, meses más tarde, recuperar este material borrado y se constata que esta unidad especial de la Policía Local de Palma realizó seguimientos a concejales del PP del Ayuntamiento de Palma.
En los correos recuperados aparece un archivo que indica, textualmente: "los concejales que sobran, según el PP". Se trata solo del enunciado de una investigación, pero no se aportan más datos. También este grupo de la Policía Local realizó averiguaciones sobre las listas electorales que preparaban los partidos políticos para obtener actas de concejales en el Ayuntamiento de Palma, según este informe.
Otra de las pruebas que recoge el documento es la investigación que se realizó sobre un sacerdote. Se trata de un religioso mallorquín, vinculado con el Ejército, sobre el que se buscó información a través de un página web de un periódico de Sevilla. En los datos informáticos que se han recuperado no se señala ni el motivo de esta investigación, ni tampoco las actividades concretas que habría podido realizar el religioso para justificar que la Policía Local de Palma buscara información sobre él. Este sacerdote también está muy relacionado con una familia de la nobleza de Mallorca.
Cabe recordar que la fiscalía Anticorrupción asegura que la Policía Local de Palma creó esta unidad para realizar labores de espionaje, sin ningún tipo de control, sobre empresarios, políticos y representantes de la judicatura y de la fiscalía. Se sospecha, y es uno de los principales objetivos de esta investigación, que estos agentes uniformados de Cort, que fueron nombrados a dedo para formar parte de esta unidad especializada de la Policía, buscaban información personal e íntima de determinados personajes para posteriormente extorsionarlos amenazándoles con sacar a la luz estos datos comprometidos. En realidad, esta unidad se creó como un grupo de asuntos internos, pero en los correos electrónicos que se han recuperado no figura ni una sola investigación sobre agentes o mandos de la Policía Local. Todos los archivos hacen referencia a personas ajenas a las actividades del cuartel de San Fernando.