Colorear un solar sobre un plano y pasarlo de la noche a la mañana de terreno urbanizable a zona de aparcamientos le saldrá muy caro al municipio de Alaró. El Consistorio ha conocido ahora que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa ha dado la razón al propietario de los terrenos situados junto al casal de Son Tugores -calle Blanca de Son Penyaflor- y obliga al municipio a hacer efectiva la adquisición abonando el justiprecio de 945.000 euros.

El ayuntamiento hizo el cambio de uso durante la redacción de las normas subsidiarias del pacto PSM-PP (1999-2003), pero ha incumplido durante una década su compromiso de hacer efectiva la expropiación. En este tiempo el titular del solar ha intentado negociar para que el consistorio rectificara y devolviera a su parcela la condición de suelo urbanizable, pero al transcurrir cinco años sin expropiación inició el procedimiento para lograr su ejecución forzosa.

El alcalde, Joan Simonet, reconoce que la noticia supone un duro golpe para la economía local, pero asegura que ya están en conversaciones con el propietario para acordar una forma de pago. El edil dice que "de momento" no están obligados a hacer efectiva la compra, pero por las consultas que han realizado, saben que si se realiza una reclamación judicial tienen todas las de perder.

Mirando el asunto desde un punto de vista positivo, Simonet afirma que "no se trata de una multa, sino de una inversión. Es decir, una compra de un terreno en una zona que puede volver modificarse urbanísticamente y poner a la venta para recuperar lo gastado". Otra posibilidad que apunta el alcalde es la de construir en el solar un edificio municipal, como podría ser el centro de día.

Se da la casualidad que el actual alcalde fue el concejal de urbanismo que coordinó la redacción de estas normas subsidiarias que fueron aprobadas inicialmente con los votos de PP y PSM en junio de 2001. Durante el proceso de elaboración de la normativa el consistorio presidido por Josep Gomila (PSM) negoció con el mismo propietario la posible adquisición de otra propiedad, la fábrica de calzado de Can Beia, aunque finalmente no se cerró ningún acuerdo.