La Guardia Civil inspecciona siete fincas rústicas de Mallorca por vertidos ilegales de residuos de obras

Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, junto a técnicos del Govern y de los ayuntamientos de Palma y Marratxí, han inspeccionado siete fincas rústicas en las que se han detectado vertidos ilegales de residuos de obras en Mallorca. Los propietarios de las parcelas han sido denunciados y se enfrentan a multas que pueden alcanzar los 600.000 euros.

Según informa la Guardia Civil, las fincas inspeccionadas están en los términos municipales de Palma Marratxí, Santanyí, Muro. Llucmajor y Capdepera. Los agentes tenían sospechas de que en estas parcelas se habían arrojado escombros y restos procedentes de obras y demoliciones.

Las inspecciones se realizaron conjuntamente con el Servei de Residus de la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia del Govern, y en los casos de los terrenos ubicados en Palma y Marratxí con responsables de las áreas de urbanismo de los ayuntamientos.

Los agentes del Seprona confirmaron que los residuos, en lugar de ser transportados a un gestor autorizado, acababan sin la obligatoria trazabilidad en parcelas rústicas, donde eran almacenados, vertidos o triturados ilegalmente. Incluso observaron en algunas parcelas el enterramiento de los escombros. También verificaron que la mayoría de los residuos procedían de obras sin licencia, por lo tanto, sin control de la Administración para el seguimiento de los mismos.

Los guardias e inspectores de la Consellería localizaron grandes cantidades de residuos acopiados ilegalmente en suelo rústico. La Guardia Civil recuerda que el propietario de la parcela, según establece la normativa, sería el poseedor de los escombros, y es el responsable de gestionarlos debidamente mediante la entrega a un gestor autorizado, y sería el responsable de las infracciones por la deficiente gestión de los residuos.

De la misma manera, se han tramitado denuncias por la carencia del título para ejercer actividades comerciales o industriales en parcelas rústicas. La Guardia Civil informa de que las parcelas sobre las que se vierten o entierran residuos de la construcción, pueden declararse según la normativa como suelos contaminados, por contener la mayoría de las veces fibrocemento con amianto (residuo catalogado como peligroso). Los responsables de estos enterramientos están oblitados a llevar a asumir los trabajos de descontaminación.

La Guardia Civil ha solicitado una serie de informes periciales, así como prospecciones y muestreos de los terrenos. Si se acredita que el subsuelo o las aguas subterraneas están afectadas por los vertidos contaminantes, los responsables pasaran a ser investigados como presuntos autores de un delito contra el medio ambiente. De momento, los infractores se enfrentan a multas que pueden oscilar entre los 2.000 y los 600.000 euros.

Está previsto que la campaña de inspecciones continúe en las próximas semanas, ante el incremento detectado de vertidos irregulares en otros puntos de la isla.