Finalmente los propietarios de dos de las tres casas prefabricadas construidas ilegalmente en terreno rústico y que estaban a punto de ser demolidas por el ayuntamiento de Montuïri, han decidido destruir en un caso y retirar en el otro sus viviendas de madera antes de que las máquinas municipales intervinieran de oficio y les pasaran los costes de la intervención. Sin embargo, existe una tercera que no ha cumplido de momento la orden y cuya fecha límite expira el 20 de junio.

Hace unos meses el pleno municipal había aprobado la extinción o retirada de las tres viviendas amparándose en una autorización judicial. Tras un periodo de dudas y viendo que las intenciones locales eran las de proceder a derrumbar antes de verano, los propietarios de una de ellas, situada en el polígono 2 de Son Vanrell, ya la desalojaron hace aproximadamente medio año. Por otra parte, la que estaba ubicada en Son Vaquer (polígono 10, parcela 989) fue destruida por sus dueños el pasado día 20 de mayo, cuatro días antes de que se procediera, en su caso, a la ejecución del derribo. "En esta última –explica el alcalde Jaume Bauçà– falta aún limpiar los escombros".

Las ocho de la mañana del próximo 20 de junio, es la hora y el día tope para llevar a cabo la demolición del tercer inmueble ilegal, situado en Son Picornell (parcela 93, polígono 7) y cuyos gastos se cargarían al propietario si finalmente la casa no es desmantelada.

El arquitecto Carles Arbós señala que "ni las Normas Subsidiarias locales, ni la Ley de Suelo rústico ni el Plan Territorial contemplan en caso alguno la posibilidad de ubicar casas prefabricadas, caravanas, roulottes o construcciones del tipo nórdico en terreno rústico y, mucho menos, en Montuïri, si la extensión de terreno es inferior a los 14.000 metros cuadrados".

El técnico municipal apuntó que ha correspondido al Ayuntamiento llevar a cabo estas acciones, puesto que formaban parte de "expedientes constituidos antes de que las competencias sobre materia urbanística fuera cedidas por el municipio al Consell, hecho por el que solamente han optado siete pueblos de Mallorca".

Otros casos similares

En el municipio de Sencelles, en la comarca del Pla, se ha dado también algún caso de construcción de casetas prefabricadas que han tenido que ser desmontadas por orden municipal. Fuentes consistoriales recuerdan que el último caso se dio hace sólo unos tres o cuatro años en el paraje rural de Can Tro.

Alcúdia es otro de los ayuntamientos que ha estado vigilantes con este tipo de edificaciones. Fuentes técnicas sostienen que hace unos años se obligó a retirar varias de ellas por no encajar con las normas locales. Sin embargo, en una ocasión se permitió legalizar una construcción porque la finca contaba con la superficie mínima exigida, con una salvedad "se le obligó a forrarla de piedra", sostiene uno de los técnicos que intervinieron. Las mismas fuentes señalan que se han detectado casos de propietarios que han colocado una roulotte a modo de caseta. En ese caso, contrariamente a lo que estima la corporación montuïrera, apuntan a que mientras tenga los papeles en regla y técnicamente pueda circular no se puede intervenir porque en realidad es un vehículo.