Una banda de traficantes asentada en Mallorca le ofreció un negocio tan suculento como arriesgado: viajar de Palma a Argentina, recoger allí un paquete con droga y traerlo a España para saldar una deuda de 5.000 euros. Aceptó la oferta y acabó pasando los 18 meses más duros de su vida en una cárcel de Buenos Aires. El caso de Miguel Ángel González Pinto no es único, ya que casi medio centenar de ciudadanos de Balears están recluidos en otros países. Además de sus condenas deben hacer frente a la pena de la distancia, el aislamiento y, en algunos lugares, las pésimas condiciones de las cárceles.
El ministerio de Asuntos Exteriores cifra en 42 el número de baleares que están presos en el extranjero. La inmensa mayoría de ellos –36– están recluidos en penales de países latinoamericanos con Brasil y Perú a la cabeza.
Las estadísticas no detallan por qué delitos fueron detenidos, pero los datos globales permiten trazar un perfil aproximado. El 79 por ciento de los 2.174 españoles que están encarcelados en otros países fueron arrestados por asuntos relacionados directamente con las drogas. No todos trabajaban para bandas de narcotraficantes y transportaban grandes partidas, sino que algunos fueron sorprendidos con pequeñas cantidades de estupefacientes para consumo propio, un acto que algunos países castigan con extrema severidad.
Perfil variado
"Son un grupo muy heterogéneo, en el que hay gente desde 18 hasta 50 años", explica Jorge Fraile, coordinador del programa de presos españoles en el exterior del Instituto Ramón Rubial, una de los pocas entidades que, al margen de embajadas y consulados, presta ayuda a estos reclusos desde hace 13 años. "Muchos de ellos fueron contratados por mafias. Cada vez más intentan conseguir que no resulten sospechosos a ojos de la Policía, por lo que en los últimos años se ha ampliado mucho el perfil del correo de la droga", afirma Fraile.
"Hay que ser consciente de que las consecuencias pueden ser muy graves", apunta. Para concienciar sobre los riesgos de entrar en contacto con las drogas en otros países, la Fundación Ideas, de la que depende el Instituto Ramón Rubial, y el ministerio de Asuntos Exteriores llevan a cabo desde hace varios años campañas informativas sobre los riesgos del tráfico o el consumo de drogas en el extranjero.
Un mallorquín de 35 años ha sido condenado recientemente a diez años de cárcel, mientras que su novia, salmantina, ha sido absuelta tras pasar casi dos años presa en Senegal, tras ser detenidos con tres kilos y medio de cocaína. Regresaban a España tras unas vacaciones en Brasil y, durante una escala en Dakar, las autoridades descubrieron la droga en el doble fondo de una maleta. La familia de ella, que la ha visitado varias veces, ha relatado las pésimas condiciones en las que están recluidos. "Las cárceles son un reflejo de la situación económica del país y no es lo mismo estar en Finlandia que en el Tercer Mundo", resume Fraile.
Cumplir condena lejos de casa supone un castigo añadido. "Si el hecho de estar preso ya es terrible de por sí, estarlo a miles de kilómetros de distancia de tu casa supone un doble drama", afirma el máximo responsable del programa de asistencia. "Hablamos de personas que viajan para una estancia breve y acaban afrontando condenas muy largas. Es un choque muy fuerte que les produce estrés y depresión".
"Aunque no tenemos la capacidad de tener un abogado en cada país, intentamos darles asistencia legal y evitar que se aprovechen de ellos", explica Fraile. "También estamos en contacto con sus familiares y nos ofrecemos para llevar a cabo trámites que dejaron pendientes aquí", señala.
Volver a casa es uno de los anhelos de estos reclusos. Cada año, unos cien presos en el extranjero son trasladados a centros penitenciarios españoles para acabar de cumplir la condena en nuestro país. Pero no es fácil. La burocracia puede dilatar el proceso durante más de un año y medio y es necesario que el país de origen sea uno de los 80 que tiene convenio con España y dé su autorización, ya que no se trata de un derecho del recluso sino de un beneficio.
