Bunyola: El juez condena a un vecino por su papel «activo» en una manifestación procaminos

El juzgado de lo penal número 7 de Palma ha condenado a un vecino de Palmanyola como «autor criminalmente responsable de un delito leve de coacciones del artículo 172.3 del Código Penal» por su participación «activa» en una manifestación para reivindicar la titularidad pública del camino de Passatemps que conecta la finca de Raixa con la citada localidad del municipio de Bunyola. El juez impone una condena de 40 días de multa con una cuota diaria de 10 euros, además de las costas procedimentales causadas. En caso de impago, se le privaría de un día de libertad por cada dos cuotas no satisfechas.

La manifestación en la que se produjeron los hechos se llevó a cabo en abril de 2022 en el marco de una convocatoria celebrada en todo el Estado para reivindicar los caminos públicos. La marcha estaba autorizada por delegación del Gobierno y participaron unas 350 personas convocadas por diversas entidades. 

El juicio se celebró el pasado mes de noviembre a raíz de una denuncia por coacciones interpuesta por la propietaria de la finca de s’Heretat, que acusa tanto al vecino condenado como al resto de participantes en la marcha reivindicativa de entrar sin permiso en su propiedad después de haber roto un candado, un suceso del que imputaba al acusado, aunque la sentencia no le culpa de haber roto la cerradura y sólo considera probado que el acusado cubrió al responsable de hacerlo. 

Durante la vista oral, el vecino de Palmanyola negó que fuera el organizador de la marcha y reivindicó su «derecho a acceder y pasear» por la finca porque se trata de un camino público «desde tiempo inmemorial» también considerado así por el Consell de Mallorca. Admitió que llevaba un chaleco reflectante porque una de las entidades organizadoras, el grupo ecologista Gadma, le pidió su colaboración en materia de seguridad. También explicó que conoce la finca «de siempre» porque «nunca había estado cerrada ni nunca se había puesto una barrera con candado».

 Diversos testigos refrendaron su versión y aseguraron que el acusado se encargaba, como otros, de la seguridad de la marcha, pero en ningún caso era el cabecilla. 

Por su parte, la propietaria de la finca dijo que había visto un video en el que se ve cómo rompen la cerradura y que identificó al acusado porque le había visto otras veces por la zona. De hecho, en otra ocasión ya fue absuelto de haber derribado un muro entre las fincas de s’Heretat y Biniatzar. Aseguró que la barrera «lleva mucho tiempo» y que el candado «se puso para evitar que los manifestantes entraran» porque ella no había dado permiso de acceso. También añadió que ninguna autoridad «le ha pedido que abra el camino».

La sentencia considera que los hechos son constitutivos de un delito leve de coacciones ya que, «con independencia de la reivindicación sobre el carácter público del camino, no determinada dicha condición de modo definitivo, y de la autorización para la manifestación, no estaba, como no podía ser de otra manera, autorizado el acceso a una propiedad privada». La acusación particular había solicitado una pena de 18 meses de multa con cuota diaria de 20 euros, aunque la sentencia reduce significativamente esta petición porque, entre otros motivos, no se trató de una acción violenta.

Campaña para recaudar fondos a favor del condenado

El vecino de Palmanyola condenado, que prefiere mantener su nombre en el anonimato, está estudiando la posibilidad de apelar la sentencia condenatoria. En el caso de que presente un recurso, la asociación de vecinos de Palmanyola lanzaría una campaña de recaudación de fondos en solidaridad con el condenado a una multa de 400 euros que, con los gastos derivados del abogado y el procurador, la cantidad final podría oscilar entre los 800 y los 1.500 euros en gastos procesales.

El motivo de la campaña por bizum es colaborar con el vecino que ha sido condenado por defender el patrimonio colectivo para acceder a la Serra de Tramuntana por el camino de Passatemps. Los organizadores acusan a la propiedad de la finca de una «persecución» contra el vecino, un «defensor del medio ambiente y gran conocedor de los caminos públicos del territorio municipal».

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