Móviles, mascarillas e interés general

El Govern balear ha anunciado esta semana que prohibirá el uso de los móviles en todos los colegios e institutos públicos y concertados de Baleares, salvo en casos motivados por razones de salud o pedagógicas. Tras un primer posicionamiento de «dar total libertad a los centros» para decidir, el conseller Antoni Vera ha rectificado. Es una decisión valiente que hay que aplaudir, porque afronta el problema generalizado del uso de teléfonos móviles durante el horario lectivo y las consecuencias negativas que conlleva, desde la falta de socialización de los menores hasta el aumento del acoso escolar, pasando por la dificultad de concentración y atención de los estudiantes en las clases. Todos los centros tienen normas de uso, pero el problema radica en la dificultad de hacerlas cumplir, sobre todo si no hay una implicación de las familias. Con la instrucción que prepara Educación (que entrará en vigor en febrero, después de un proceso de aportaciones y consultas), los centros de enseñanza estarán mucho más respaldados. En este caso, el Govern balear ha actuado en el ámbito de su competencia anteponiendo el interés general.

Esta misma semana, la consellera Manuela García, ha cobrado protagonismo por su oposición a la obligatoriedad del uso de las mascarillas en los hospitales y centros sanitarios, impuesta por el ministerio de Sanidad en toda España para frenar los contagios de gripe y otras infecciones respiratorias, y evitar de esta forma la saturación de los recursos asistenciales. La consellera considera que la situación epidemiológica de Balears «no justifica la obligatoriedad de las mascarillas, que está excluyendo la libertad individual», por lo que ha solicitado a la Abogacía de la Comunitat que interponga un recurso contencioso para pedir la suspensión cautelar de la orden ministerial. García aclara que si los casos de gripe aumentaran sí se podría imponer el uso del cubrebocas en los centros sanitarios, pero que ahora es innecesario. Llama la atención que la máxima responsable de la sanidad y de la salud pública en Balears anuncie que el pico está por llegar y, al mismo tiempo, cuestione una medida que se ha demostrado eficaz para reducir el riesgo de contagios, hasta un 50%, según un estudio de la UIB. Es incomprensible que haya que esperar a que aumenten los contagios (y, con ellos, los casos graves de hospitalizaciones y muertes) para aplicar una sencilla pauta de prevención en lugares donde se concentran personas enfermas o con su salud debilitada. La libertad individual no es un valor absoluto que pueda pasar por encima del interés colectivo. ¿Apelaría la consellera a la «libertad individual» para que se pudiera fumar en los centros sanitarios? El mismo Govern que restringe el móvil en las aulas sin considerarlo un ataque a la libertad de alumnos y docentes, pues prioriza el interés general y el sentido común, critica la obligatoriedad de las mascarillas en el ámbito sanitario e inicia una pugna judicial, simplemente porque la ha dictado una ministra de otro signo político. Continuar por esta senda es una irresponsabilidad absoluta que pone por delante los intereses partidistas sobre la obligación de velar por la salud de la población, especialmente de los ciudadanos más frágiles, y de impulsar estrategias sanitarias de prevención.