De la transparencia a la materia reservada
Con una proposición de ley denominada Transparencia y control de los cargos públicos de las Illes Balears, maravilloso título para hacer exactamente lo contrario, el PP celebra cien días de gloria en el Govern con el cierre de la Oficina Anticorrupción del Parlament, cuando se estaba empezando a poner realmente molesta para el Consolat de la Mar, y convirtiendo en materia reservada las declaraciones de bienes y actividades de sus cargos públicos.
El Govern no quiere que la ciudadanía sepa que siete consellers del Ejecutivo del PP poseen participaciones en empresas que operan en Balears, sociedades que se dedican al software, el negocio inmobiliario y hostelero, el alquiler de inmuebles, la venta de combustible, los servicios médicos, los proyectos de medio ambiente e ingeniería y la organización de actos culturales y deportivos. Ni tampoco que se airee que sus ahorros van de los 2.600 a los 300.000 euros y que el integrante del Ejecutivo que más propiedades rústicas o urbanas acumula disfruta de nueve, como cualquiera de ustedes.
La publicidad proactiva de toda esta información pública, junto con la relativa a los actos del Govern, mide la calidad democrática de una administración, la acerca al ciudadano, descubre incompatibilidades en el ejercicio simultáneo de la política y la actividad profesional privada y garantiza que ningún cargo público se enriquezca durante sus años de gestión.
Pero ahora el Govern la encierra en un registro parlamentario para que solo puedan consultarla los mismos diputados de la cámara, los órganos judiciales y la Sindicatura de Cuentas, un retroceso monumental que aleja a Balears de los principios que promueve la Ley de Transparencia que aprobó el Gobierno en diciembre de 2013. Y una pregunta en el aire que deja la propia proposición de ley del Govern: ¿Qué tienen que ocultar?
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