Las siete claves del proyecto de ley de Vox para obligar en Baleares a usar el castellano bajo amenaza de multa

El partido ha presentado en el Parlament una iniciativa legislativa para que todas las administraciones usen el castellano en su actividad diaria y en sus comunicacaciones

Idoia Ribas (Vox) en su comparecencia de ayer en la cámara autonómica.

Idoia Ribas (Vox) en su comparecencia de ayer en la cámara autonómica. / B.RAMON

Miguel Vicens

Miguel Vicens

Bajo el pretexto de crear la anunciada Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, acordada en el pacto PP-Vox que ha dado el gobierno de las islas a la popular Marga Prohens, la ultraderecha ha presentado una ley en el Parlament para obligar de facto a todas las administraciones baleares a usar el castellano su documentación y actividad diaria, y no solo en catalán. La proposición de Ley va en contra de la Ley de Normalización Lingüística de 1986 y el propio Estatut d'Autonomia.

1.Creación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística

El objetivo de la proposición de ley es la creación de la denominada  Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística, y a través de ella mmponer multas de hasta 100.000 euros por incumplmiento del uso del español. El PP balear deberá apoyar la nueva normativa para que sea aprobada.

2.La justificación del nuevo organismo

El texto redactado por Vox señala que "el abandono y destierro del castellano ha llegado a tal punto en Baleares que en prácticamente todas las instituciones de las islas todos los escritos, normativa, comunicaciones e informaciones exigen la obligación de utilizar el catalán y, por ende, la imposibilidad o, al menos, amplias limitaciones para emplear el castellano".

3. Obligación de usar el castellano en el Govern, el Consell, los ayuntamientos y la UIB

La nueva normativa pretende garantizar, según especifica en su artículo segundo, el uso del castellano en todo el Govern, los Consells, los Ayuntamientos, el Parlament, la Universidad de las Illes Balears (UIB) y el resto de organismos y administraciones públicas, incluida la de Justicia.  Asimismo, en su artículo 3 se estipula que "las administraciones tienen el deber de emplear las dos lenguas oficiales en todas sus comunicaciones, publicaciones y señalética", mientras que "los ciudadanos tienen el derecho de elegir libremente en cuál de las dos lenguas oficiales se dirigen a las administraciones públicas, y obtener respuesta en la lengua empleada".

Idoia Ribas (Vox) y Sebastià Sagreras (PP) firmando el pacto.

Idoia Ribas (Vox) y Sebastià Sagreras (PP) firmando el pacto. / Miquel Adrover

4.El catalán que nombra el Estatut desaparece en favor del mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense

Para velar por el cumplimiento del bilingüismo efectivo en Balears, se abrirá una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística cuyas funciones, entre otras, serán: "Recoger y tramitar las reclamaciones sobre vulneración del derecho a la libertad lingüística, y las sugerencias relacionadas con la tutela de este derecho".También, "fomentar la protección del derecho a la libertad lingüística, y con ello promover el uso de las lenguas oficiales en las Islas Baleares, atendiendo a las modalidades lingüísticas de las distintas islas: el mallorquín, el menorquín, el ibicenco y el formenterense"

5. Las multas por incumplimientos

Las infracciones muy graves van de 10.001 a 100.000 euros. Las graves, de 1.001 euros a 10.000 euros. Y las leves de un euro a 1.000 euros o amonestación. El plazo de prescripción de las infracciones es de cinco años para las infracciones muy graves, tres años para las graves y un año para las leves.

6.Derogaciones

La ley deroga el Decreto 89/2019, de 29 de noviembre, por el que se creó y reguló la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos en las Islas Baleares, así como todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a la presente ley. 

7.Necesita el apoyo del PP para salir adelante en el Parlament

La ley que promueve Vox solo podrá salir adelante si cuenta con los votos del PP, y también incluye la supresión de la todavía actual Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, creada por el anterior Govern de izquierdas y que según la derecha solo ha servido para "defender exclusivamente los derechos de los catalanes parlantes (sic) a expresarse en catalán"