Las declaraciones de bienes de los cargos públicos de Baleares tendrán «carácter reservado»

El Partido Popular modificará las condiciones actuales para presentar las declaraciones de bienes de los cargos públicos tras la eliminación de la Oficina Anticorrupción, el ente que se ha encargado hasta ahora de esta labor. La proposición de ley de «transparencia y control de los cargos públicos de las Illes Balears» presentada ayer establece que, cuando se clausure el organismo, la información facilitada tendrá «carácter reservado» y deberá depositarse en el nuevo Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears.

Este organismo, dependiente del Parlament, será el encargado de requerir de aquellas personas que sean nombradas o cesadas en un cargo público el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta ley, así como la comprobación de las variaciones en forma de incremento del patrimonio de todos los cargos públicos. Esto incluye, según el PP, la misma información que se ha facilitado hasta ahora a la Oficina Anticorrupción.

El texto registrado deja claro que solo podrán tener acceso a la documentación depositada, además de la persona interesada, el Parlament, los órganos judiciales y la Sindicatura de Cuentas.

Además, esta nueva ley establece que será el Consell de Govern «o el órgano que se designe reglamentariamente» quien se encargue de la gestión del régimen de incompatibilidades y del control de intereses: «Será el encargado de examinar y, si procede, de requerir, a quienes sean nombrados o cesados el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta ley».

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En este sentido, así como está redactada la ley, habrá un cerrazón aún mayor para los trabajadores del Registro: «No puede divulgar la documentación ni los datos ni ponerlos en conocimiento de otras personas o instituciones que no sean las que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, pueden conocerlas por razón de sus funciones». El objetivo es que las investigaciones y las informaciones no puedan hacerse públicas, bajo la amenaza de consecuencias directas para quien lo comparta. Asimismo, la información contenida en la Declaración Patrimonial que presentarán los altos cargos solo se podrá hacer pública «en los términos y forma que el Parlamento establezca en el desarrollo de esta ley».

Es importante recalcar que el PSIB-PSOE registró hace unas semanas una denuncia ante la Oficina Anticorrupción contra la titular de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, después de conocerse que administraba dos sociedades mercantiles, una de ellas inmobiliaria, mientras ocupaba el cargo de consellera.

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Vidal se desvinculó de forma oficial de la administración de estas dos empresas dos meses después de su nombramiento, a pesar de que el artículo 25.3 de la Oficina establece que «la declaración se realizará en el plazo improrrogable de un mes que se contará desde la fecha de toma de posesión y de cese en cada cargo público». Desde el Govern explicaron que se desvinculó de la administración de estas dos empresas «cuando pudo» porque agosto era un mes «complicado» para estas gestiones.

También habrá cambios en las formas de presentar las informaciones. Hasta el momento, Anticorrupción ofrecía la posibilidad de presentar denuncias anónimas, aunque el PP descarta esta posibilidad: «Siempre hemos sido contrarios porque nos parece una total indefensión para cualquier persona, es muy fácil denunciar de forma anónima, que se filtre y acabe haciendo daño a esa persona», asegura la portavoz adjunta del PP, Marga Duran, quien defiende que todas las denuncias se envíen directamente a la Fiscalía o la Sindicatura de Cuentas.

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