El PP presenta una ley para la clausura exprés de la Oficina Anticorrupción que investiga a sus cargos en Campos

El PP acaba de presentar por el procedimiento de urgencia una ley para la clausura exprés de la Oficina Anticorrupción en el Parlament después de que este organismo acusara al director general de Emergencias del actual Govern, Sebastià Sureda Mas, de encabezar una trama de corrupción urbanística en Campos desde 2015, como concejal responsable de esta área, tal y como avanzó este fin de semana Diario de Mallorca.

La iniciativa presentada establece que en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente ley la conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, dirigida por el también portavoz del Govern, Antoni Costa, "debe liquidar los derechos y las obligaciones de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears". 

La extensa investigación de la Oficina no se dirige exclusivamente contra el director general del Govern, sino que se amplía a otras cinco personas: un policía local de Campos, un ingeniero técnico municipal, una técnica jurídica de actividades municipales, el arquitecto técnico municipal y el exalcalde y exconcejal de Urbanismo de Campos por Unió Mallorquina (UM) y ahora director insular de Cultura del Consell de Mallorca, Guillem Ginard, tras su pase político al PP en las pasadas elecciones.

Anticorrupción acusa a un director general de Prohens de delitos urbanísticos

Los populares han situado su contraofensiva en la figura de Milán y han incluido en la proposición de ley una disposición adicional segunda en la que promulgan directamente el cese fulminante del director de la Oficina, Tòfol Milán: "Se dispone el cese del director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, a partir de la entrada en vigor de la presente ley".

Además, el PP quiere que el Registro de Transparencia y Control del Patrimonio de Cargos Públicos de las Illes Balears "tendrá carácter reservado, y sólo podrán tener acceso a la documentación depositada en él, además de la persona interesada" el Parlament, órganos judiciales o la Sindicatura de Cuentas. Esto supondrá un cierre total al acceso de la información y dificultará sobremanera la transparencia.

Sobre las investigaciones que están actualmente en marcha, como la de Campos, se remitirán todos los expedientes a a la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, dependiente de la conselleria de Función Pública del Govern, que será la encargada de enviarlos "al órgano que considere", según ha explicado la portavoz adjunta del PP, Marga Duran.

El PP ha defendido este fin de semana a Sureda y ha acusado al director de Anticorrupción de "apurar" para "prestar sus últimos servicios a los socialistas" al frente de una oficina "pensada e ideada como máquina de barro al servicio de los intereses del PSOE".

El organismo de lucha contra el fraude público atribuye al alto cargo del PP la figura delictiva de «prevaricación urbanística», por permitir a sabiendas que una veintena de negocios operen sin licencia y de forma «clandestina» en el polígono industrial de Campos, sito en la entrada al pueblo desde la autopista de Palma. Algunas naves están construidas ilegalmente en suelo rústico y a plena actividad.

El presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, trasladó hace unas semanas formalmente al director de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción de Baleares, Tòfol Milan, la "voluntad" del Govern de cerrar este ente, si bien no le detalló los "plazos" para hacerlo, ni "qué pasará con los expedientes o con el personal".