Marga Prohens cumple sus principales promesas en cien días bajo la supervisión de Vox

Se cumplen 100 días desde que Marga Prohens tomó posesión del cargo de presidenta del Govern. El pasado 28 de mayo la derecha consiguió recuperar el poder en Balears tras ocho años de hegemonía indiscutible de la izquierda porque durante ocho años el PP fue incapaz de encontrar un liderazgo con posibilidades reales de alcanzar el Consolat tras el incendio generado por José Ramón Bauzá tanto en el partido como en la sociedad.

El ascenso de Prohens hasta el Consolat fue posible gracias a la efervescencia de Vox, que en tan solo cuatro años ha conseguido ser la tercera fuerza política de las islas, presidir el Parlament y tener la llave de la gobernabilidad. Sus votos permitieron a la dirigente popular llegara a ser la primera autoridad de Balears y marcarán en muchos momentos la política del Govern. 

Aunque la política campanera fue audaz al conseguir, a diferencia de los demás barones autonómicos del PP que ganaron las elecciones el 28M, no incluir a la ultraderecha en el Consell de Govern. Prohens nunca ha renegado del pacto, incluso lo ha celebrado en multitud de ocasiones, a pesar de que los primeros desmarques de Vox no han gustado en el Consolat, un aviso de lo que puede ser la legislatura.

Durante este tiempo, la izquierda ha intentado resucitar el espíritu de las camisetas verdes, aunque hasta el momento ninguna organización ni movimiento social ha convocado protestas o manifestaciones en la calle por las decisiones de Prohens. Más allá de tuits y comunicados ignífugos, el Govern ha seguido su hoja de ruta sin mayores complicaciones.

Primeras decisiones

«Hemos hecho más en tres meses que el Pacto en ocho años»

El Ejecutivo ha comenzado la legislatura con una actitud arrolladora frente a las políticas de la izquierda en temas como la lengua, la fiscalidad o la vivienda. Las primeras decisiones han sido planteadas como una impugnación a las propuestas del Pacte que se resume en una frase repetida en las últimas semanas por todos los dirigentes del PP: «Hemos hecho más en tres meses que ustedes en ocho años». Quien haya seguido de cerca la campaña electoral de Prohens certificará que ha sacado adelante sus principales promesas en menos de 100 días: eliminar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones que incluye una reforma fiscal, eliminar el requisito del catalán en la sanidad o sacar adelante un decreto ley para tratar de solucionar la emergencia habitacional en Balears, además de la gratuidad de 0-3 años ―el Govern autorizó ayer el gasto de 141 millones hasta el año 2027―. La determinación de la popular ha recibido el beneplácito de todo el partido y ha cogido con el pie cambiado a la izquierda, que no esperaba tanta contundencia por parte en tan poco tiempo.

El portavoz y vicepresidente del Govern, Antoni Costa, aseguró ayer que «se ha puesto claramente de manifiesto que el cambio ha llegado a Balears» y recordó que todas las medidas que se han tomado hasta el momento están incluidas tanto en el pacto con Vox como en el programa electoral del PP: «El Govern de Marga Prohens ha sido capaz de tomar decisiones de bastante contundencia, no hemos estado parados. Si algo tienen claro los ciudadanos es que cumplimos nuestra palabra y que no somos el Govern de Francina Armengol».

En contraposición, Més per Mallorca emitió ayer un duro comunicado en el que afirman que estos 100 días han servido para ver las «tres caras» del PP de Prohens: «La de la traición a los consensos lingüísticos, la de favorecer los ricos y las grandes fortunas, y la del miedo a la transparencia y la lucha contra la corrupción».

El líder de los ecosoberanistas, Lluís Apesteguia, critica con dureza las decisiones de los populares y vinculan directamente porque «traicionan nuestra tierra, nuestra identidad y nuestra lengua».

Catalán

Eliminar el requisito en la sanidad e impulsar la Oficina de Vox

La lengua ha sido la principal protagonista de los primeros cien días, sobre todo por la presión de sus socios. El Govern decidió eliminar el requisito del catalán en la sanidad y ha abierto la puerta a que se haga lo mismo en toda la función pública, una medida que ya adoptó Bauzá. Además, el acuerdo con la ultraderecha incluye la libre elección de lengua en todas las etapas educativas Vox quiere hacerlo cuanto antes mientras el PP trata de posponerlo y la creación de la ley de la llamada Oficina de Libertad Lingüística, una iniciativa ya registrada en el Parlament con la que Vox busca imponer el castellano en el Govern, los ayuntamientos y la Universitat de les Illes Balears (UIB). El Ejecutivo también se ha mostrado dispuesto a introducir el castellano en la programación de IB3, una cuestión en la que los ultras presionarán en los próximos meses, cuando el periodista Albert Salas ya haya ocupado el puesto de director general de la radiotelevisión pública. 

Presupuestos 2024

PP y Vox negocian la ley más importante del año político

Una clave fundamental es que se cumplen 100 días en medio de las negociaciones de PP y Vox para sacar adelante la ley más importante: los Presupuestos Generales para 2024. Los populares, al no tener mayoría absoluta, necesitan los votos de sus socios, una situación que Vox está aprovechando para poner sobre la mesa sus reclamaciones, sobre todo en temas como la lengua o la educación. La formación liderada por Idoia Ribas sabe que no aprobar las cuentas ―Vox ya tumbó los presupuestos de Ayuso― sería una derrota política, aunque forzarán importantes victorias para dejar claro que seguirán siendo decisivos durante toda la legislatura.

Fiscalidad

Supresión del Impuesto de Sucesiones y una rebaja fiscal

La primera gran medida que tomó el nuevo Govern fue la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos, abuelos y nietos y entre cónyuges, así como la rebaja de hasta un 50% entre hermanos y entre tíos y sobrinos. Balears fue la comunidad del PP que, tras la victoria del 28M, sacó adelante con mayor rapidez esta iniciativa. Aunque hubo problemas porque el texto presentado incluye deficiencias en su redactado inicial que algunos asesores fiscales han venido denunciando durante las últimas semanas, con errores únicos en toda España: ninguna otra región que ha bonificado el tributo ha exigido que las viviendas se valoren por su referencia catastral o aludido a los residentes fiscales. Después de los avisos publicados por el abogado de DMS Legal, Alejandro del Campo, el Govern rectificó para que no queden dudas respecto a que los receptores de una herencia en las islas que no sean residentes en España también se van a beneficiar de la supresión o reducción de este tributo. El problema surge debido a que el decreto señaló que tendrán derecho a esa ventaja «los sujetos pasivos por obligación personal de contribuir», lo que hace referencia a los residentes fiscales en España, término que no aparece en las bonificaciones del impuesto que se han aprobado o se están tramitando en otras autonomías, como Madrid, Andalucía, Canarias o la Comunidad Valenciana.

Vivienda

Pisos a precio limitado y posibles amnistías urbanísticas

El Govern aprobó un decreto de vivienda que tuvo que ser retrasado por complicaciones palaciegas con el que busca la edificación de pisos a precio limitado de 60 a 80 metros cuadrados cuyos precios se moverán, en teoría, entre los 102.000 y los 285.000 euros. El texto legal incluye la posibilidad de reconvertir locales en viviendas, dividir inmuebles o crecer en altura. Todo ello con una novedad importante: los edificios catalogados también podrán ganar alturas y dividir sus viviendas. Desde el PSIB denuncian que «los promotores pueden construir como quieran y donde quieran, sin tener en cuenta los planes generales ni los territoriales» y califican de «amnistía urbanística» el hecho de que se permitirá la legalización de construcciones que estén fuera de ordenación.

Transparencia

Prohens fulmina de forma exprés la Oficina Anticorrupción

El PP, con el apoyo de Vox, también ha iniciado un cambio radical en la transparencia en Balears con la supresión fulminante de la Oficina Anticorrupción, impulsada por el Pacte en 2016, tras conocerse que el organismo investiga una trama en Campos que apunta al director general de Emergencias y socio del padre de Prohens, Sebastià Sureda. A partir de ahora las declaraciones de bienes de los cargos públicos de Balears tendrán «carácter reservado», por lo que la información dejará de ser pública y solo podrán acceder a ella el Parlament, los órganos judiciales y la Sindicatura. Además, el ejecutivo será el encargado de dirimir las incompatibilidades de sus cargos. Tampoco se podrán hacer denuncias anónimas, uno de los mecanismos más eficaces para empezar a investigar los supuestos casos de corrupción.

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