El expediente de las mascarillas de Koldo destaca su «uso sanitario»

El expediente montado por el IB-Salut de la era Armengol, para justificar la compra de cuatro millones de euros en mascarillas a la trama presuntamente corrupta de Koldo García, deja claro el «uso sanitario» de la partida de un millón y medio de unidades. Con esta naturaleza fue aprobado por el Consell de Govern en mayo de 2020. Pese a la evidencia documental que permitió abonar 2,5 euros por mascarillas que en otro caso se hubieran despachado a solo 0,5 euros, los responsables del Servei de Salut socialista insisten en el «uso no hospitalario» o «domiciliario», en su comparecencia ante comisiones de investigación parlamentarias.

Manuel Palomino, figura principal de la adquisición de millón y medio de mascarillas fraudulentas que acabó la legislatura premiado como director general del IB-Salut, insistió la semana pasada ante el Congreso estatal y el Parlament balear en el «uso no hospitalario» de la remesa pagada íntegramente a la entrega, pese a que no obedecía a los requisitos comprometidos. Antonio Mascaró Crespí, subdirector de Compras durante los ocho años de Armengol, también se aferró a un destino ajeno a los hospitales el pasado lunes ante la cámara autonómica. Estos testimonios contradicen los documFEentos a cargo de los declarantes.

La elaboración de un expediente para justificar una compra de cuatro millones de euros que nunca gozó de una figura contractual fue posterior a la recepción del material defectuoso y nunca utilizado. La redacción también se produjo con posterioridad al pago, un ingreso del cinco de mayo de 2020 que según la Guardia Civil resultó en comisiones ilegales para miembros de la trama Koldo.

El expediente oficial del IB-Salut, que por fuerza deben conocer sus máximos responsables, está montado contemplando un uso hospitalario. Consta de documentos como un «Informe de necesidad» y un «Informe de emergencia», donde se resalta que el material iba destinado a centros dependientes de la estructura sanitaria de la comunidad. Y sobre todo, cuando el Govern se da por oficialmente enterado de la compra masiva de estas mascarillas, también aprueba la adquisición del material para «uso hospitalario». Al mes siguiente, los análisis del ministerio de Trabajo demostrarían que ningún elemento de la partida contaba con la categoría de protección FFP2 o equivalente.

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Al margen de la documentación oficial que nadie ha contestado en cuatro años, el «uso hospitalario» de las mascarillas viene definido por el hecho de que fueron repartidas a los centros sanitarios. Cuesta creer que esta circunstancia fáctica fuera ignorada por los máximos responsables de la recepción del material. Máxime cuando el propio Palomino, ya en su condición de director general del IB-Salut, establece hace un año de su puño y letra que el IB-Salut «procede a la distribución de estas mascarillas para su uso entre los centros sanitarios que lo conforman». Al descubrirse el fiasco, se «procede a comunicar a los centros sanitarios dependientes la retirada de estas mascarillas». No consta en el texto ninguna referencia extrahospitalaria.

Por tanto, los expedientes montados por los dirigentes del IB-Salut para pagar cuatro millones de euros en lugar de un millón se ajustan al «uso hospitalario», reconocido en documentos oficiales por quienes ahora lo niegan. De hecho, facultativos próximos a lo ocurrido destacan que al repartir el material fraudulento entre centros sanitarios, las protestas de los profesionales obligaron a la retirada masiva tras los análisis pertinentes.

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Además, los correos electrónicos intercambiados antes de la compra a Koldo demuestran que el Govern Balear sabía que el millón y medio de mascarillas habían sido ofrecidos infructuosamente a otras comunidades socialistas, que rechazaron la entrega por su aguda desconfianza sobre la esencia de la trama. Estos precedentes no levantaron ni una sombra de sospecha en el IB-Salut. El asesor íntimo del ministro José Luis Ábaloshabía presumido ante otras regiones de que le endosaría las mascarillas fraudulentas a Balears.

Los contactos electrónicos previos al expediente oficial que resalta el «uso hospitalario» se refugiaron en el «uso domiciliario» que ahora reivindican los antiguos dirigentes del IB-Salut, con objeto de ahorrarse verificaciones. El entreguismo del Govern a la red del ministerio de Ábalos carecía de fisuras, hasta el punto de que el intercambio de comunicaciones transmite la impresión de que se adquiriría cualquier material procedente de la fuente ministerial.

Los interventores visaron el «uso sanitario» de las mascarillas y no pusieron objeciones, por la sencilla razón de que el IB-Salut les ocultó que el Gobierno central había dictaminado que las mascarillas no correspondían a la categoría FFP2, y por tanto en ningún caso podían pagarse a 2,5 euros la unidad. Palomino, en cuanto anfitrión del registro llevado a cabo por la Guardia Civil, también obvió este aspecto relevante cuando estaba obligado a entregar toda la documentación obrante en su poder.

El IB-Salut no solo montó un expediente avalado por el Consell de Govern sobre el «uso sanitario» de las mascarillas. Felicitó además explícitamente a la sociedad Soluciones de Gestión, matriz de la trama, por un envío a plena satisfacción y sin incidencias. En aquel agosto de 2020 ya se conocía la naturaleza fraudulenta de las mascarillas. Mascaró no se limitó a declarar ante el Parlament que este apoyo explícito en ningún caso avalaba a la empresa investigada por la Audiencia Nacional. También negó que este documento que blinda a la trama ante el Govern tuviera impacto en futuros contratos. En realidad, firmó la felicitación expresa con membrete oficial y en nombre de Balears «para que surta efectos en concursos públicos», otra afirmación categórica en contraste con sus declaraciones actuales.

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