Citan como investigados a Fina Santiago y a Javier de Juan por una querella sobre las menores tuteladas

Ambos políticos tendrán que responder a una denuncia presentada por Vox y por la asociación Justicia Gratuita

Santiago declarará ante la juez el próximo martes

Santiago declarará ante la juez el próximo martes / M.Mielniezuk

 La exconsellera Fina Santiago y el anterior presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, han sido citados por un juzgado de Palma como investigados, para defenderse de una querella que hace más de un año presentaron Vox y la Asociación Justicia Poética. Ambos políticos han sido citados a declarar para el próximo martes, día 5 de marzo.

Esta denuncia fue presentada por Vox, a la que más tarde se sumó esta asociación, por un caso de una menor tutelada que protagonizó una extraña desaparición y que pudo ser obligada a prostituirse.

En su momento, el actual diputado nacional, Jorge Campos, señaló que mientras que esta menor estaba oficialmente desaparecida, el IMAS mantenía una comunicación constante con ella. Además, el partido político sostenía que a la chica se la convenció para que abortara y que fue el personal del IMAS el que la acompañó a la clínica abortista. Vox responsabilizó directamente de este caso a la entonces consellera de Afers Socials, Fina Santiago, y al presidente del IMAS, Javier de Juan.

La juez del juzgado de instrucción número 11 de Palma, Esther Domene, tras estudiar la denuncia ha decidido iniciar su correspondiente trámite, que pasa inicialmente con la toma de declaración como investigados de Santiago y De Juan, que tendrán que acudir acompañados de un abogado. Los delitos que se les imputó en la inicial querella fueron los de abandono de destino por dejación de funciones y omisión del deber de perseguir delitos, así como de prostitución de menores.

Vox ha venido denunciado reiteradamente que se investigue el escándalo de los casos de las menores que estaban bajo la protección del IMAS que estaban siendo prostituidas. Tanto desde el Govern, como desde el Consell de Mallorca, se ha venido negando que detrás de estos casos hubiera una trama organizada, sino que se trataba de casos puntuales.

En la querella está personada como abogada Marta Castro Fuertes, que es la coordinadora jurídica de Vox y quien también ocupó el cargo de coordinadora del partido en el Senado. También la llamada Asociación Justicia Gratuita está representada por su presidente, que es el abogado Mario Díaz Fernández. Esta asociación se presenta como defensor de los niños y las mujeres sin recursos que han sido víctimas de abusos. En esta causa judicial también interviene la fiscalía.