El Govern ve "complicado" que prospere la reclamación de los 2,6 millones de euros de las mascarillas y se enfoca en la vía penal

El Govern de Marga Prohens ve "complicado" que el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros por las mascarillas fraudulentas contra la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, imputada en el llamado caso Koldo de corrupción, pueda prosperar y por ello enfocan todos sus esfuerzos en la vía penal. Así lo ha explicado esta mañana el director general del Servicio de Salud, Javier Ureña, quién ha negado que dicho expediente esté caducado contra el criterio del Tribunal Supremo, aunque ha admitido que "tiene serias dudas" de que dicho procedimiento pueda salir adelante.

En este sentido, Ureña ha argumentado que el anterior subdirector de compras y logísitica emitió un certificado a la propia empresa en agosto de 2020, una vez ya se había comprobado que las mascarillas eran fraudulentas, donde se aseguraba que el contrato por valor de 3,7 millones de euros firmado se había resuelto "de manera satisfactoria y sin tener conocimiento de ninguna incidencia".

Por este motivo, el director actual de Salud considera que este es un argumento al que se puede agarrar la compañía vinculada al caso Koldo en sus alegaciones para no devolver el sobrecoste de los cubrebocas.

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Asimismo, desde Salud también han apuntado que estas mascarillas fraudulentas se dirigían hacia otra administración pero que, por circunstancias que no han podido esclarecer, acabaron en Baleares. Respecto a si procedían de otra comunidad autónoma, tampoco han podido informar sobre este asunto.

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Ámbito penal

"Estamos en la fase de estudio de las alegaciones, pero es complicado defender este expediente cuando en 2020 se certificó satisfactoriamente dicho material. En los últimos días ha habido un cambio de escenario al ámbito penal y trabajamos con la Abogacía de cara a definir cual es la mejor estrategia", ha apuntado Ureña.

Por este motivo, y a pesar de que desde el Ejecutivo no se cierran a abrir otro trámite adminisitrativo, todos los esfuerzos se focalizan en la personación del Govern en la causa penal que hoy se ha hecho efectiva y donde reclaman la cantidad íntegra de los 3,7 millones de euros de las mascarillas fraudulentas. Un hecho que le va a permitir al Govern tener acceso a todas las actuaciones y toda la información que haya recabado la Audiencia Nacional.

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